La Fiscalía de Atacama conoció este viernes una histórica sentencia obtenida en la denominada causa penal “Operación Pureza” en la que se indagaron delitos de corrupción cometidos por el exalcalde suplente de la comuna de Tierra Amarilla, funcionarios de confianza de esta casa edilicia y particulares. Investigación en que el Ministerio Público reunió un sinnúmero de evidencia luego del trabajo realizado junto a la Bridec y la sección forense del Laboratorio de Criminalística de la PDI.

En la audiencia de lectura de sentencia el Tribunal expuso en detalle los delitos acreditados y cada una de las penas que deberán cumplir los 9 condenados por distintos delitos a los cuales arribaron los Jueces del Tribunal Oral, a partir de la evidencia presentada durante el Juicio por la Fiscalía. Esto es delitos de fraude al fisco, cohecho, asociación ilícita y administración desleal.

“El trabajo de la Fiscalía de Atacama, la PDI y el Consejo de Defensa del Estado que actuó como parte querellante en esta causa, fue contundente respecto de la reunión de pruebas que dejaron de manifiesto el actuar de los acusados para cometer delitos de corrupción a partir de que el exalcalde, Mario Morales, comenzó a guiar las actuaciones administrativas de esta municipalidad”, dijo el fiscal Luis Miranda Flores.

SENTENCIA

En la audiencia de lectura de sentencia desarrollada este viernes se conoció que Mario Morales Carrasco fue sentenciado a una pena de 17 años de presidio, además de otra por 5 años y un día de cárcel. Esto como autor de los delitos de fraude al fisco, cohecho y asociación ilícita. Junto a una multa de 82 millones de pesos.

Además del condenado exalcalde, deberán cumplir penas privativas de libertad, Alejandro Mella, exadministrador municipal, por su autoría en los ilícitos de fraude al fisco y cohecho quien fue sentenciado a 5 años y un día, además de 541 días de presidio y al pago de una multa de $100 mil pesos. Se suman a ellos, el exdirector del DAEM de esta municipalidad, Osvaldo Carvajal, quien fue condenado como autor de asociación ilícita y cohecho, debiendo cumplir la sanción de 5 años y un día, y la pena de 541 días en la cárcel de Copiapó. Por su parte, la exfuncionaria de la Secretaría de Planificación (SECPLA) del municipio, Dániza Hidalgo, quien fue condenada por su responsabilidad en los ilícitos de fraude al fisco, cohecho y asociación ilícita, recibió las sanciones efectivas de cárcel de 5 años y un día, y 541 días. Siendo sentenciada, además, al pago de una multa de 18 millones de pesos.

Respecto de la directora de SECPLA, Nathaly Ordenes, condenada por asociación ilícita y fraude al fisco, el Tribunal determino penas de 3 años y un día, además de 541 días de presidio, las cuales se cumplirán bajo la libertad vigilada intensiva al cumplirse los requisitos regales.

Sobre la situación procesal de los también condenados Boris Pérez, Claudia Bertoglia, Hugo Maya y Nelson Vieytes, de quienes la Fiscalía acredito su participación en delitos. Las penas aplicadas por los Jueces de la Tercera Sala del Tribunal Oral, se dieron por cumplidas dado el tiempo que se mantuvieron bajo medidas cautelares durante el desarrollo de esta investigación. Estableciendo el Tribunal que deberán pagar multas por distintas sumas de dinero. Como parte de las penas aplicadas, todos los condenados quedaron inhabilitados para cumplir cargos públicos a perpetuidad.

Respecto del resultado de esta indagatoria en que se lograron acreditar acciones de parte de los acusados para cometer delitos de corrupción, el fiscal Luis Miranda Flores, indicó que este fallo resulta histórico desde que se inició el actual sistema procesal en la región respecto de la persecución penal por delitos de corrupción. “Las penas conocidas representan un reconocimiento al trabajo que ha desarrollado la Fiscalía de Atacama en el marco de las investigaciones por este tipo de crímenes. Estamos conformes con el resultado dado que el Ministerio Público desplegó una serie de medios probatorios, testimoniales, periciales, informes financieros que fueron recogidos por los jueces del Tribunal Oral y que se tradujeron en estas penas”, indicó Miranda.

LOS HECHOS

El fiscal agregó que a partir de la labor investigativa desarrollada con la Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC) y Lacrim de la PDI, se acreditó que en la Municipalidad de Tierra Amarilla hubo un grupo de personas que contactaron a particulares para ofrecer determinadas licitaciones a sobre precio a cambio del pago de coimas. “Esas acciones dieron origen a una investigación que se tradujo en un conjunto de licitaciones por más de mil millones de pesos, generando un perjuicio de más de 200 millones de pesos. Eso fue subdividido en distintos hechos que la Fiscalía pudo acreditar en la medida que avanzó el tiempo a partir de la incorporación de distintos medios probatorios que derivaron en el veredicto condenatorio de los acusados”, concluyó.