En el marco del caso Audios, la defensa del abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva, se querelló por el delito de violación de secreto, luego de la filtración de sus conversaciones por celular.

La querella fue interpuesta el pasado viernes 18 de octubre, siendo la jornada del lunes declara admisible.

La acción judicial arremete contra el Ministerio Público, por su responsabilidad en el resguardo de los antecedentes.

Según consigna La Tercera, la querella solicita la entrega voluntaria y/o incautación de los celulares de los fiscales a cargo del caso Audios: Lorena Parra, Felipe Sepúlveda y Miguel Ángel Orellana.

En el documento se cuestiona las filtraciones de las conversaciones en los medios de comunicación, así como el actuar de los persecutores.

“Solicitó que los aparatos se entregaran desbloqueados y con la clave de acceso, comprometiéndose a que sería únicamente él quien accedería al contenido de los aparatos y, al momento de revisar chats de WhatsApp, lo haría junto a la defensa del imputado Hermosilla a efectos de resguardar el secreto profesional y la vida privada e íntima”, pero esto “jamás se cumplió”, se lee en el documento.

“Esta filtración quebranta el secreto profesional. Ciper (medio de comunicación detrás de la revelación de los chats) no debió haber accedido a dicha información que debía resguardar el Ministerio Público”, cuestionó la defensa de Hermosilla, que de todas maneras aclaró que la acción no es contra medios y periodistas, sino contra la filtración “de información reservada y secreta a terceros”, agrega la querella.

En el documento se cuestiona además que “no solo se accedió a información reservada por ser parte de la investigación, sino que el Ministerio Público no protegió la intimidad y privacidad del Sr. Hermosilla y de terceros que pudiesen haber tenido comunicaciones con él, y que no tenían ningún interés en la investigación”.

Se solicita también en la querella, que sean detallados los medios de comunicación que publicaron imágenes o antecedentes de la carpeta de investigación, y que se lleven a cabo “todas las averiguaciones a efectos de determinar la existencia de reuniones, conversaciones o comunicaciones entre funcionarios del Ministerio Público con acceso a la investigación respecto de medios de comunicación”.

Finalmente, en la querella se solicita que sean incautados los registros de entrada y visitas de la Fiscalía Nacional y de la Fiscalía Oriente, para determinar “qué periodistas han accedido a dichas dependencias, y con qué funcionario del Ministerio Público tenían entrevista, a efectos de determinar eventuales entregas de información que constituyan filtración”.