La Sala de la Cámara de Diputados rechazó la reforma constitucional que buscaba establecer a los gobernadores regionales como sujetos pasivos de una acusación constitucional.

La reforma, presentada a través de cinco mociones parlamentarias (boletines 16.215, 16217, 16246, 16247 y 16303), tenía como objetivo incorporar en el artículo 52, numeral 2, de la Constitución, las causales para una acusación constitucional contra los gobernadores regionales. Entre las causales propuestas figuraban la infracción a la Constitución, delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión.

A pesar de su discusión en tres sesiones de Sala, la propuesta fue rechazada al no alcanzar el cuórum requerido de 4/7 , es decir 89 votos, obteniendo solo 83 a favor, 35 en contra y 22 abstenciones. Con esto, la reforma no podrá ser nuevamente debatida hasta dentro de un año.

Entre los argumentos en contra de la reforma, se planteó que las causales eran demasiado amplias, lo que podría llevar a un uso político polarizado del mecanismo de control.

También se cuestionó el hecho de que una autoridad electa pueda destituir a otra autoridad electa, lo que podría dar lugar a manipulaciones políticas y amenazar la estabilidad y autonomía local.

Por otro lado, quienes defendieron la iniciativa señalaron que esta reforzaría el control democrático sobre los gobernadores regionales, previniendo el mal uso de recursos públicos y combatiendo la corrupción.

Asimismo, se destacó la falta de independencia de los consejos regionales, lo que haría necesaria una fiscalización externa, como la de la Cámara de Diputados.