La Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado en favor de un ciudadano peruano, y dejó sin efecto la resolución que ordenó la expulsión del país.

Al respecto, la Segunda Sala del máximo tribunal determinó que la decisión administrativa era arbitraria y desproporcionada, considerando el arraigo familiar y laboral del afectado en Chile.

El ciudadano peruano, que reside en el país hace más de cinco años y tiene cuatro hijos de nacionalidad chilena, enfrenta una orden de expulsión que se revirtió por el tribunal, asegurando que la medida no había considerado adecuadamente sus circunstancias personales.

En esta línea, la Corte Suprema argumentó que la autoridad administrativa actuó de manera antijurídica, basando su decisión en un análisis superficial sin considerar los antecedentes relevantes del amparado.

“El amparado es un ciudadano peruano que lleva más de cinco años en el país, con cuatro hijos chilenos”, señala el fallo, agregando que el Derecho Administrativo impone límites a la discrecionalidad, por lo que las decisiones deben estar fundamentadas en la racionalidad legal.

De esta manera, para la  Segunda Sala Penal “(…) conforme a lo expresado, la decisión de expulsar del país y la prohibición de ingreso, se torna en desproporcionada, y así en antijurídica, al fundarse en un examen meramente formal de los antecedentes, sin que para la determinación de la extensión de la sanción se haya ponderado las circunstancias personales del recurrente ya indicadas y expresadas por la ley, que permitieran examinar adecuadamente la situación, por lo que adolece de la debida justificación, a la luz de la legislación actualmente vigente”.

Cabe señalar que el fallo fue dividido dado que las ministras María Cristina Gajardo y Eliana Quezada, quienes mostraron su disconformidad con la decisión.