La presidenta de la comisión investigadora que se creó para reunir antecedentes respecto a los programas de acompañamiento sobre identidad de género, Flor Weisse, además del integrante de la comisión de la Familia, Felipe Donoso -ambos de la Bancada UDI-, anunciaron que durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2025, que partirá dentro del próximo mes, rechazarán el financiamiento de los planes si es que no se incluye, por obligación, el consentimiento de los padres.

Al respecto, los parlamentarios hicieron referencia a la polémica intervención de la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, quien durante su exposición en la comisión de Familia del Senado aseguró que la intervención del núcleo familiar en dichos planes “no quiere decir que sea un requisito de acceso el consentimiento de los padres sobre la participación en el programa”, dado que “es el niño, niña o adolescente el titular del derecho consagrado en la ley de identidad de género”.

En esa misma línea, la autoridad ministerial insistió en que “todo niño, niña o adolescente puede ejercer sus derechos por sí mismo”, agregando también que “el rol del padre, madre (…) es prestarle orientación y dirección”. Incluso, Albagli manifestó que “ni la ley ni el reglamento instauran una edad mínima para el inicio de acompañamiento”, asegurando que “la mayoría desarrollan la capacidad de etiquetar grupos de género entre los 18 y 24 meses, (mientras que) a los tres años, la mayoría de los niños tiene un sentido estable y manifiestan su identidad de género, sea esta cisgénero o transgénero”.

Por lo mismo, ante el respaldo que el Gobierno decidió otorgar al uso de terapias hormonales en niños y niñas, los diputados de la Bancada UDI advirtieron que mientras no se establezca la obligación de contar con la autorización expresa de los padres o sus representantes legales, “no vamos a estar disponibles para seguir financiando programas que puedan atentar gravemente contra los menores”.

“Es muy lamentable, y nos genera una enorme preocupación, que las actuales autoridades sigan defendiendo el uso de terapias hormonales en menores de edad, sin ni siquiera exigir que los padres den su consentimiento. Toda la evidencia nos demuestra que los niños, a temprana edad, no tienen la madurez suficiente como para comprender todas las implicaciones que pueden llegar a tener este tipo de decisiones, menos aún a los tres años, que es la edad en que la subsecretaria de Salud Pública dijo que los menores ya podían manifestar su identidad de género”, cuestionaron Weisse y Donoso.

Producto de lo anterior, ambos parlamentarios reiteraron que “desde ya queremos notificar al Gobierno que no vamos a estar disponibles a seguir financiando este tipo de programas si es que no se incluye, por obligación, que los padres deberán autorizar la participación de sus hijos”, agregando que “es absolutamente inconcebible que las actuales autoridades sigan insistiendo en que los menores pueden participar de estos planes de manera libre, no sólo por los efectos a largo plazo que pueden generar en su salud, sino que también transgrede el rol de los padres en esta materia”.