La Corte Suprema revocó la expulsión de la ciudadana boliviana Elsa Mollo Gómez y declaró que, en este caso, tal medida era ilegal y desproporcionada. Esta decisión surgió tras la apelación presentada por el defensor público Carlos Miranda Rodríguez, en respuesta al rechazo del recurso de amparo que interpuso previamente ante la Corte de Apelaciones de Arica.

En su resolución, los magistrados recogieron y prácticamente reprodujeron los argumentos presentados en favor de la amparada, para concluir que su expulsión resultaba ilegal, debido a su carácter desproporcionado. En consecuencia, revocaron la resolución apelada, acogieron el amparo y dejaron sin efecto la medida de expulsión.

Uno de los aspectos relevantes destacados por la defensa pública ante la Corte fue la forma en que Elsa Mollo cumplió su condena, tanto en términos de la pena corporal como pecuniaria, para dar cuenta así de su completa reinserción social. La atención a estos detalles fue clave en la resolución favorable para la amparada que, junto a su familia, lleva más de 30 años viviendo en Arica.

VICTORIA SIGNIFICATIVA

Carlos Miranda subrayó la importancia de esta decisión para la justicia y los derechos humanos: “Este fallo reafirma la necesidad de medidas justas y proporcionales en todos los casos. La revocación de la expulsión de la señora Elsa Mollo Gómez es una victoria significativa para los derechos individuales y el debido proceso”, sostuvo.

Según el abogado, la resolución de la Corte Suprema marca un precedente importante, que destaca la necesidad de considerar la proporcionalidad y el cumplimiento de las penas en la toma de decisiones judiciales.

Consultado sobre el caso, el Defensor Regional de Arica y Parinacota, Sergio Zenteno Alfaro, destacó el trabajo del defensor público de la mujer, como también el de la trabajadora social Isabel Campos, quienes forman parte del equipo de defensa pública especializada de personas migrantes de la Defensoría Regional.

“Ellos lograron demostrar la desproporcionalidad de la medida de expulsión en el caso de una mujer que llevaba 20 años en Chile y contaba con una importante red de apoyo. Este caso resalta el firme compromiso de la Defensoría Penal Pública con la protección de los derechos de nuestros representados,” afirmó.