El pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta acordó suspender de sus funciones por cuatro meses a Álvaro Toledo Soto, conservador de bienes raíces, comercio y archivero judicial de Calama, por incumplimiento de deberes funcionarios. Además, solicitó a la Corte Suprema, la apertura de cuaderno de remoción por conductas de acoso sexual.

Las medidas disciplinarias fueron adoptadas de forma unánime por los ministros y ministras Jasna Pavlich Núñez, Virginia Soublette Miranda, Juan Opazo Lagos, Eric Sepúlveda Casanova y Jaime Rojas Mundaca, tras las denuncias presentadas en contra de Toledo Soto por parte de funcionarias del recinto.

El 23 de noviembre de 2023, el tribunal pleno ordenó la apertura de dos investigaciones sumarias para determinar responsabilidades disciplinarias en contra del conservador, tras las denuncias formuladas al ministro visitador, Juan Opazo Lagos, respecto de acoso laboral y acoso sexual.

Las investigaciones realizadas por el tribunal determinaron que Toledo Soto incurrió en conductas de acoso laboral y sexual en contra de sus funcionarias. En el caso del acoso sexual, el fallo establece que el conservador realizaba “invitaciones indebidas hacia lugares inadecuados” a las denunciantes, bajo la apariencia de almuerzos de trabajo.

En cuanto al acoso laboral, se comprobó que Toledo Soto generó un “ambiente o clima laboral humillante, intimidatorio, hostil y degradante” para sus trabajadoras, lo que afectó su salud mental.

Suspensión y solicitud de remoción

Como consecuencia de las graves faltas cometidas, el tribunal dispuso la suspensión de las funciones de Toledo Soto por cuatro meses, durante los cuales gozará de medio sueldo. Además, se ordenó la elaboración de un plan de intervención en materia de clima laboral y la intervención del Oficio Conservatorio por parte de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación.

Debido a la gravedad de las conductas de acoso sexual y la función que desempeña Toledo Soto como Auxiliar de la Administración de Justicia, el tribunal solicitó a la Corte Suprema la apertura de un cuaderno de remoción para su eventual destitución del cargo señalando que  “(…) es dable considerar la función desempeñada por el indagado, en su calidad de Conservador de bienes raíces, comercio y Archivero Judicial de Calama, lo que importa no solo el ejercicio y resguardo de lo que se denomina fe pública, sino también, su calidad de Auxiliar de la Administración de Justicia, lo que trae consigo, la necesidad de desplegar acciones acordes al compromiso institucional de erradicar toda forma de discriminación y con ello promover espacios libres de violencia de género”.