La Contraloría General de la República detalló los montos involucrados en la malversación de fondos registrada en el municipio de Algarrobo, donde un primo y un sobrino del exalcalde José Luis Yáñez (exUDI), recibieron parte de los 1.193 millones de pesos investigados.

Según una auditoría publicada por La Tercera, Belén Carrasco, extesorera municipal y expareja del exalcalde, realizó 107 transferencias bancarias irregulares entre junio de 2021 y noviembre de 2023. Estos montos fueron depositados a personas y proveedores sin vínculo contractual con el municipio, y sin que se implementaran “las medidas de control suficientes para resguardar que tales giros se efectuaran correctamente”, señala el documento.

El informe reveló que Santiago Fuentes y Juan Pablo Maldonado, sobrino y primo del exalcalde, respectivamente, recibieron transferencias por 137 y 125 millones de pesos cada uno. Estas transacciones fueron parte del esquema de malversación que permitió el desvío de fondos municipales hacia individuos y entidades no relacionadas con el gobierno local.

Asimismo, Contraloría precisó que hay dos transferencias de $30 millones que fueron rechazadas por el BancoEstado. Además, tres personas que recibieron parte de estas transferencias bancarias efectuaron devoluciones por un monto total superior a los $59 millones.

En esta misma línea,el ente fiscalizador puntualizó que el municipio de Algarrobo “no cuenta con manuales de procedimientos administrativos relacionados con la Tesorería, tampoco sobre pagos y manejo de cuentas bancarias, ni sobre el funcionamiento de la caja del municipio. Se constata, además, que las transferencias realizadas por quien ejercía funciones de tesorera municipal fueron aprobadas por el ex alcalde, la ex directora de Desarrollo Comunal y el ex director jurídico”.

Junto con ello, se verificó que el alcalde Yáñez intervino en procesos disciplinarios iniciados mediante decretos alcaldicios. Así, la hoy ex autoridad habría presionado al fiscal del proceso para direccionar su resultado.

Producto de todo lo anterior, la Contraloría inició un sumario administrativo y derivó todos los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado,m quienes determinarán si presentan acciones penales contra los involucrados.