La Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió prohibir al municipio de Viña del Mar  ejecutar el decreto de demolición de las casas afectadas por el megaincendio en el sector de El Olivar.

En este sentido, la decisión del Tribunal de Alzada se basó en un orden de no innovar tras la presentación de un recurso de protección por parte de 11 vecinos de dicho sector, los cuales buscaban frenar la ordenes del municipio viñamarino.

De esta manera, la resolución señala que la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, dentro del plazo de ocho días, debe adjuntar todos los antecedentes necesarios para “la correcta inteligencia y resolución del recurso deducido, bajo apercibimiento de prescindir del informe solicitado y resolver con el mérito de los antecedentes que obren en autos. Acompáñese copia de las piezas pertinentes. Requiérase por la vía más expedita”, indica.

En ese sentido, se ordenó que en esta etapa “la recurrida (el municipio) deberá abstenerse de ejecutar el decreto de demolición recurrido”.

El abogado Sebastián Astuya, quien representa a los vecinos afectados explicó que “lamentablemente, la desinformación, caos y desorden en el actuar de las autoridades, llevó a que únicamente se otorgara, o se pensara en beneficios para los habitantes de los inmuebles consumidos por el fuego, y no así para los dueños de estos, personas, igual o mayormente afectadas, conforme a los aspectos narrados en el numeral anterior”.

“Así fue como a mis amparados si bien se les permitió llenar la ficha básica de emergencia del Ministerio de Desarrollo Social (FIBE) con posterioridad recibieron llamados, supuestamente desde la I. Municipalidad de Viña del Mar, desde donde indicaban, que, por ser dueños, y no residentes de los inmuebles, no serían beneficiados por dicho sistema, generando aún más desazón y desesperanza, ya que además se les hizo ver como si fueran delincuentes por buscar un beneficio”, sostiene el documento.

Asimismo, agrega que los vecinos recurrentes “se encuentran en el más absoluto estado de abandono con este acto administrativo, plasmado en el decreto alcaldicio que ordena la demolición de las viviendas”.

De esta manera es que el recurso afirma que “el deber del Estado, de dar protección a la población y a las familias, ha sido totalmente omitido por el área social y legal de la I. Municipalidad de Viña del Mar, toda vez que, el Estado a través de sus organismos, tienen el deber de brindar ayuda a las familias afectadas por este brutal siniestro”.

Por el momento el municipio viñamarino ha declinado referirse a esta situación o sobre si dejará sin efecto los decretos de demolición.