Durante esta jornada, concejales de la provincia de San Antonio interpusieron una querella criminal en el Juzgado de Garantía de San Antonio contra los alcaldes de El Quisco, José Jofré, y El Tabo, Alfonso Muñoz, por el delito de omisión de denuncia de apropiación indebida de fondos municipales de la Asociación de Municipalidades de la Provincia de San Antonio (AMPSA). Hasta el momento se habla de un monto aproximado de 25 millones de pesos, en un comienzo solo se comunicaba que serían tres millones.

Los hechos quedaron en evidencia en una sesión ordinaria del Concejo Municipal de El Quisco (noviembre de 2023) luego que el alcalde de El Quisco diera a conocer que se detectaron malversaciones de fondos al interior del AMPSA, asociación de la que él es presidente y su par de El Tabo, tesorero.

Jofré durante dicha sesión del Concejo Municipal de El Quisco, aseveró que una auditoría interna estaría a cargo de investigar los hechos para tener claridad del monto y el o los responsables, sin embargo, la concejala Natalia Carrasco, le manifestó que de acuerdo a la ley, los funcionarios públicos están obligados a denunciar hechos como estos una vez que tengan conocimiento, situación que no ocurrió.

Cabe destacar que dentro de las obligaciones contenidas el estatuto del AMPSA, se ratifica expresamente que, “el presidente del directorio tendrá la función de ejecutar el presupuesto de la Asociación …las funciones del tesorero son: llevar el control de la ejecución presupuestaria de la Asociación y de las compras públicas de la misma”.

Los concejales que presentaron la demanda corresponden a: Rosa María Leal, Natalia Carrasco y Guillermo Romo por la comuna de El Quisco. Maximiliano Miranda de San Antonio, representando a Cartagena los ediles, Patricia Quiroz, Patricia Leiva, Marco Antonio Verdala y Camila Peredo. Firmando por El Tabo, se registra a José Antonio Veas, Marcela Guzmán, Rolando Espinoza, y finalmente por las Rocas de Santo Domingo, María Jesús Rodríguez y Germán Mayo.

El concejal de El Quisco, Guillermo Romo, destacó que “nosotros estamos llevando adelante una acción judicial a quienes resulten responsables de la pérdida de recursos de la AMPSA, en donde, al igual que otros concejales, estamos por que se aclare todo y que no haya nada oculto. Así que quiero dar las gracias y felicitar a las personas que se atrevieron a hacer esta denuncia, y bueno, vamos a ver qué va a decir la justicia y esperando que todo salga bien. Quiero instar a los demás colegas a que hagan lo mismo, que ya no estemos por avalar la corrupción y que sea todo aclarado”.

Por su parte, la concejala de El Quisco, Natalia Carrasco, aseveró, “El objetivo de esta querella es establecer las responsabilidades que tiene tanto el presidente de la asociación como también el tesorero al no haber fiscalizado, supervigilado los recursos estatales que han puesto los distintos municipios a disposición de la asociación con la mayor transparencia para la provincia entera, y por supuesto también, establecer las responsabilidades en lo que significó la demora en la denuncia que debieron también haber hecho en un tiempo prudente. Se supone que ellos son funcionarios públicos y tenían un tiempo para poder hacerlo. Por lo tanto, los concejales lo que han buscado es que sea transparente justamente estas situaciones ante lo ocurrido en la asociación.

En este mismo sentido, el concejal de El Tabo, José Antonio Veas, argumentó que, “llama la atención que el tesorero de la AMPSA, don Alfonso Muñoz Aravena, guarde silencio respecto de la situación que ocurre dentro de la Asociación de Municipalidades. Le he solicitado en un sinfín de concejos públicos, nos rinda cuenta respecto a los movimientos contables de la AMPSA. Hasta el día de hoy no tenemos respuesta, no tenemos ninguna información de los hechos, por lo tanto, llama aún más la atención que siendo tesorero no tenga conocimiento cabal de lo que pasa con los dineros perdidos”.

En la querella, se solicita además al Ministerio Público decretar una orden de investigar a través de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile, con el objetivo de que se determinen las irregularidades existentes en la AMPSA.