Este viernes 10 de noviembre, entró en vigencia la modificación de la Ley de Tránsito que establece nuevos motivos para retirar los vehículos de circulación con el objetivo de reforzar la seguridad vial.

Alejandra Valencia, académica de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), indicó que Carabineros tendrá la facultad de requisar los automóviles a los conductores que no cumplan con una serie de requisitos.

“Los vehículos pueden ser retirados y por lo tanto llevados a corrales municipales si es que no cuentan con el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), si no circulan con el permiso de circulación al día, así como también la revisión técnica u otra homologación de certificación vehicular”, indicó la profesora Valencia.

La académica agregó que también son motivos de sanción “el no contar con las placas patentes en buen estado, así como la no identificación del vehículo con respecto al motor y que éste se encuentre adulterado”.

El conductor deberá pagar los gastos de la multa, el traslado de la grúa y los días en el corral. “Los conductores deberán correr con absolutamente todos los gastos al ser sancionados”, sostuvo Valencia.

La nueva Ley de Tránsito también refuerza las sanciones “a aquellos vehículos que no cumplan con la normativa de las luces, es decir, luces blancas en la parte delantera y luces rojas en la parte trasera”, sostuvo la académica de la PUCV.

Valencia destacó que la ley está pensada para reforzar la seguridad vial y evitar el  robo de automóviles .

“Es importante recalcar que todas estas medidas son de seguridad para los conductores. Evitará, por ejemplo, la compra de vehículos robados. Así también es responsabilidad de cada conductor salir desde su hogar con todos y cada uno de los documentos al día”.

Por último, la profesora hizo hincapié en que la fiscalización de Carabineros “es muy importante para que esta normativa se pueda cumplir y que no sea un periodo de fiscalización de corto tiempo, sino que sea permanente”.

De acuerdo a la ley, quienes incumplan con la normativa tendrán sanciones de 5 a 75 UTM (entre $319.800 a $4.797.000). Esto también aplica para las personas que compren un vehículo y que no soliciten la inscripción en el Registro Civil en un rango de 30 días.