Durante esta jornada de miércoles, el ministro de Justicia, Luis Cordero, informó sobre las conclusiones que arrojó una investigación de su cartera y otra de la Universidad de Chile por el hallazgo de 89 cajas con osamentas humanas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en febrero pasado.

De acuerdo al informe realizado por el Servicio Médico Legal, 65 de estas cajas contienen “material de interés”, por lo cual seguirán siendo investigados.En tanto, otras 20 corresponden a material docente de la casa de estudios.

Asimismo, se terminó que cuatro cajas restantes contienen material que no fue posible determinar su procedencia, ya que no tenían indicación de origen alguna.

Tras estas primeras conclusiones, Cordero indicó que  “Lo que revela el caso de las 89 cajas es una de las manifestaciones más evidentes de la indolencia estatal, por más de 20 años, a la vista de distintos organismos del Estado, hallazgos de restos en investigaciones judiciales vinculadas a desaparición o ejecución de personas en crímenes de la dictadura se encontraron albergadas, sin que el Estado tuviera una posición proactiva para resolverla”.

“Es complejo una situación de estas características, no solo porque reaviva los dolores de los familiares (…) sino que vuelve a reafirmar los errores que el Estado ya cometió en el pasado, el año 2006, el Estado de Chile tuvo que reconocer los errores a consecuencias de los problemas de identificación en el patio 29. Respecto a eso, el Estado ha tratado de corregirlas y, de hecho, el Estado fue condenado por los errores que en ese momento ocurrieron”, comentó.

En esta misma línea, agregó que “es difícil pedirle a los familiares que vuelvan a confiar en el Estado, cuando sistemáticamente ha incumplido sus obligaciones. El compromiso, sin embargo, de esta administración (…) es que asuntos como este no vuelvan a ocurrir”, cerró.

Cabe señalar que junto con este informe y determinación del origen de los restos encontrados , se inició un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades sobre la forma en que se ha manejado el asunto, el cual está a cargo de la Defensora Regional Metropolitana Norte como Fiscal administrativa.