Durante esta jornada de lunes, se dio a conocer que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó a Gendarmería conceder permiso para recibir visitas a los reos del primer piso del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS), esto a pesar de que estos habrían organizado una revuelta al interior del recinto.

Según consigna La Tercera, la medida beneficiaría al menos a 18 internos los cuales están imputados por el homicidio del suboficial Daniel Palma e integrantes del Tren de Aragua, los cuales debido a la imposibilidad de recibir visitas se provocaron autolesiones, alteraron el orden del penal y destruyeron parte de las cámaras de seguridad del recinto.

De esta manera, el 6 de octubre se propuso las sanciones disciplinarias de privación total de visitas por 30 días.

Tras esta decisión, el defensor penal público de Ovicmarlixon Garcés, David Fuentes, Luis Lugo y Lermi Albarran -imputados por el asesinato del cabo Palma-, Arturo Vergara, pidió una audiencia de cautela de garantía debido a las condiciones en que se encontraban sus representados, a lo que se sumó que estos habían tomado la determinación de iniciar una huelga de hambre.

Escuchando sus argumentos, el 12 juez Patricio Álvarez ordenó a Gendarmería a que concedieran los permisos que correspondían respecto a las visitas, indicando que “Se autorizó el ingreso a la unidad penal en calidad de visitas de familiares y seres queridos de los imputados, en la medida en que dichas personas cumplan con los requisitos contemplados en las Resoluciones Exentas N° 2598 y N° 6622 de Gendarmería acerca de acreditación de identidad y enrolamiento, con su respectivo pasaporte o cédula de identificación correspondiente a su país de origen vigente”.

Además, se indicó que “la autoridad penitenciaria se abstendrá de impedir el acceso de visitas a los internos antes singularizados, aduciendo razones referentes a la situación migratoria de tales personas”.

Asimismo, el magistrado resolvió que se “deberá adoptar las medidas necesarias que aseguren la higiene y adecuada habitabilidad de las celdas y demás lugares de reclusión de los imputados”.

Finalmente, se dispuso que personal del departamento de promoción de Derechos Humanos de Gendarmería y los abogados defensores de los internos se constituyan en las dependencias de la unidad con el objetivo de verificar el cumplimiento de lo ordenado.