Durante esta jornada de viernes, se dio a conocer que el Ministerio Público declaró secreta la investigación por el Caso Democracia Viva, esto debido a la aparición de otras aristas entre quienes suscribieron los convenios.

Según consigna La Tercera, la decisión se habría adoptado debido a que el desarrollo de la causa ha dejado la sospecha de que podría haber otros delitos entre las personas que participaron en los Convenios del Caso Democracia Viva, por lo cual se está explorando una posible actividad de lavado de activos.

Con esta decisión, la Fiscalía ha limitando el acceso a la información relacionada con el caso tanto para los querellantes como para las defensas, al menos durante un período de seis meses.

Respecto de esta nuevas aristas del caso, el  fiscal a cargo de la causa solicitó el pasado 23 de junio a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que enviara todos los antecedentes ligados a Reportes de Operación Sospechosa (ROS), los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) y las Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo (DPTE) de la Fundación Democracia Viva, el representante legal de esta, Daniel Andrade, la diputada Catalina Pérez y la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas.

Tras la solicitud, la UAF señaló en un informe que en mayo de este año recibió “un reporte de operaciones sospechosas remitido por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu Región de Antofagasta), el cual informa acerca de los resultados obtenidos del proceso de auditoria al funcionamiento del Programa de Asentamientos Precarios, que concluye con la existencia de diversas situaciones calificadas de criticidad relacionadas con deficiencias de control en diferentes procesos administrativos del referido programa”.

De esta forma, se describen situaciones calificadas de criticidad “relacionadas con deficiencias de control en diferentes procesos administrativos del referido programa, tales como: a) concepto de canon de arriendo de oficina; b) cantidad importante de rendiciones atrasadas y c) rendiciones de cuenta que en determinadas oportunidades existen fluctuaciones de sueldos”.

“El proceso de auditoria únicamente consideró una muestra de los convenios suscritos con entidades, por lo cual existen otras que no fueron consideradas en la revisión: de aquellas no consideradas, resulta relevar el convenio suscrito con la Fundación Democracia Viva, toda vez que su representante legal es don Daniel Francisco Andrade Schwarze, miembro del partido político Revolución Democrática, al cual, igualmente, pertenece el entonces seremi de Vivienda de Antofagasta don Carlos Andrés Contreras Gutiérrez”, sostiene el reporte.

Cabe señalar que si bien hasta el momento no hay indicios concretos de la concreción de lavado de activos en la causa, el Ministerio Público mantiene esa hebra investigativa por lo cual serán necesarias nuevas pesquisas para determinar si la línea de la investigación concreta sus sospechas.