viernes 1 septiembre de 2023 | Publicado a las 9:24 pm · Actualizado a las 9:24 pm
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Caso Democracia Viva: Consejo de Defensa del Estado se querella contra exseremi Carlos Contreras y Daniel Andrade
El presidente del CDE, Raúl Letelier, argumentó que existen antecedentes que “apuntan a una administración desleal de recursos públicos que, de acuerdo con la Ley de Presupuestos, debían ser utilizados en fines distintos a los que fueron destinados”.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) dio a conocer este viernes que interpuso una querella contra Daniel Andrade, representante legal de la fundación Democracia Viva y en contra de Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta, ambos como presuntos autores de fraude al Fisco “sin perjuicio de otros ilícitos que se acrediten durante el curso de la investigación penal que sigue el Ministerio Público”.
En el reporte de auditoría realizado por la Contraloría General de la República (CGR) a la Seremi, el organismo encabezado por el contralor Jorge Bermúdez, informó en 91 páginas una serie de irregularidades, entre las que se encuentra la contratación de 12 personas en la oficina regional de Antofagasta, quienes prestaban de igual forma servicios en organismos privados sin fines de lucro.
Por medio de un comunicado, el CDE informó que la querella “se funda en antecedentes que se han podido recabar y que dan cuenta de una serie de ilícitos cometidos por el exseremi quien, sin considerar el marco regulatorio existente para la asignación de recursos para el Programa de Campamentos (actual PAP), o la revisión técnica de los antecedentes por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), encargados en la región, inició directamente un proceso de selección de las entidades receptoras y la distribución de los recursos”.
Bajo esa línea, CDE manifestó que “el querellado Contreras procedió de tal forma sin involucrar a las demás autoridades que tenían injerencia técnica en el proceso de asignación, interviniendo de manera contraria a lo previsto en el marco jurídico respectivo, faltando gravemente a la probidad y perjudicando con ello el interés público fiscal”.
Por su parte, el presidente del CDE, Raúl Letelier, argumentó que existen antecedentes que “apuntan a una administración desleal de recursos públicos que, de acuerdo con la Ley de Presupuestos, debían ser utilizados en fines distintos a los que fueron destinados”.