El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, apuntó durante esta jornada a que la Fundación Democracia Viva debe devolver los dineros que no han sido ejecutados de los tres polémicos convenios Serviu de casi $426 millones.

La polémica surgió debido a que el acuerdo fue suscrito entre el entonces seremi de Vivienda, Carlos Contreras, y el representante legal de la fundación, Daniel Andrade. El primero fue jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez y el segundo es su actual pareja, siendo los tres afiliados a Revolución Democrática.

En este contexto, el titular del Minvu señaló que “Venimos a aplicar todas las herramientas para encontrar las responsabilidades que existan y buscaremos formar para evitar que se vuelva a repetir un caso así. Reitero: nuestro mensaje es claro, esto no puede volver a ocurrir y nos parece inaceptable”.

“Lo sensato y razonable es que la Fundación Democracia Viva ponga fin al convenio y restituya los recursos asignados”, afirmó.

“Una parte de los recursos ya los han gastado, aquella parte que no han gastado y que está en proceso de revisión nos parece que lo sensato y razonable es que los pongan a disposición. Si no lo hacen, nosotros iniciaremos un proceso de término para la restitución de los recursos”, agregó.

En esa línea, al se consultado sobre si desde el ejecutivo se evalúa algún tipo de acción legal, este respondió que “gobierno está estudiando todas las posibilidades, no descarta esa”.

“Por ahora nosotros queremos apoyar al Ministerio Público en la investigación que está realizando”, enfatizó.

Finalmente, Montes recalcó que el gobierno ha enviado “un equipo investigador a la región de Antofagasta. Anoche estuvimos reunidos y ahora en la mañana para informarnos de toda la situación que se estaba provocando tras los antecedentes que lograron recabar. Logramos recuperar información relevante que entregaremos directamente a la Fiscalía”, cerró.