Por unanimidad, la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, aprobó en general el proyecto que establece derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, postparto, aborto, salud ginecológica y sexual, y sanciona la violencia gineco-obstétrica.

La propuesta -que se encuentra en su segundo trámite constitucional, y que también es conocido como “Ley Adriana”, por uno de los casos que motivó su creación- busca erradicar la violencia gineco-obstétrica y pretende regular, garantizar y promover los derechos de la mujer o persona gestante, de la persona recién nacida y acompañante significativo.

Asimismo, avanza en garantizar estos derechos en torno a la salud ginecológica, sexual y reproductiva.

 

AUDIENCIAS

La instancia especializada, presidida por la senadora Claudia Pascual, e integrada por las senadoras Isabel Allende, Paulina Núñez y Loreto Carvajal y el senador Gustavo Sanhueza, se dio a la tarea de escuchar, en sendas sesiones, las diferentes consideraciones de, entre otros, la Ministra de Salud, Ximena Aguilera; la autora de la moción, diputada señora Claudia Mix; a la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología; al Colegio de Matronas y Matrones de Chile; a la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud; Organización de Ginecólogas de Chile.

Además, expusieron representantes de: el Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile; Mil Relatos Más; Red Chilena de Salud Mental Perinatal; ONG Matria Fecunda; dirección Nacional de Matronería; Instituto de Derechos Humanos (INDH); Colegio Médico de Chile; ASOMAT; Universidad Diego Portales; ParirNos Chile; Comunidad y Justicia; Corporación Humanas; Coordinadora de los Derechos del Nacimiento; Fundación Por Todas.

PLAZO DE INDICACIONES

La Comisión está mandatada para analizar el texto en general y en particular, por lo que abrió un plazo de indicaciones hasta el 09 de enero. Cabe hacer presente que, por acuerdo de la Sala, una vez despachado por la Comisión de Mujer, será estudiado por la Comisión de Salud.

Con todo, la propuesta se rige por los principios de dignidad en el trato, autonomía, privacidad y confidencialidad, respeto por la interculturalidad, interpretación desde los derechos humanos y transparencia de los establecimientos de salud.

Durante las sesiones, se hicieron notar aspectos como: disponibilidad de recursos humanos; disponibilidad de infraestructura; y la penalización de los equipos de salud. Asimismo, se habló de “un cambio de paradigma” en el trato, dando paso a un moldeo “más humano”, poniendo en el centro a la mujer y sus derechos.

Se hizo presente el problema de la salud mental de los profesionales y se llamó a reforzar en el proyecto el nivel de conciencia del personal, capacitación permanente y sensibilización.

Un aspecto que ha generado debate es el agravante penal que trae la propuesta; además, desde algunos sectores se argumentó que “ya existe una herramienta jurídica” que regula la materia, como son los derechos y deberes de los pacientes.