El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer Correa, descartó que el Gobierno tenga una actitud permisiva en relación a las expulsiones administrativas de ciudadanos extranjeros.

En conversación con El Diario de Cooperativa,  descarto categóricamente que haya “manga ancha” en esta materia y explicó que “cumplimos dos funciones en el proceso: contribuimos a la materialización de las expulsiones a través de la coordinación con las líneas aéreas o la FACH, y eso ocurre con las expulsiones judiciales y las administrativas, apoyando a la PDI”.

En este sentido, Thayler recalcó que según la normativa, efectuar dos notificaciones presenciales al implicado, antes de que la Policía de Investigaciones (PDI) concrete la expulsión, es un requisito rige desde febrero pasado, cuando entró en vigencia la nueva Ley de Migración y Extranjería.

“Se debe notificar personalmente al afectado, que dispone de 10 días para presentar sus descargos. Luego de ese plazo, se debe notificar la expulsión en forma personal y el afectado tiene otros 10 días para recurrir ante la Corte de Apelaciones. En todo ese tiempo no procede la detención del extranjero”, señaló.

Ante este procedimiento, el director del Servicio Nacional de Migraciones indicó que los procesos no son rápidos, detallando que “hemos dictaminado más de 1.500 decretos de expulsiones administrativas”, pero “tenemos un problema con el proceso de notificación y materialización, que ha sido baja porque la ley cambió…quedó demasiado complejo y burocrático el proceso de notificación y materialización de expulsiones”, aseveró.

Por último, la autoridad cuestionó que con la nueva normativa “El proceso es sumamente burocrático”, añadiendo que “por lo mismo este Gobierno ha propuesto una modificación al procedimiento, porque necesitamos agilizar y materializar más expulsiones administrativas”, sentenció.