En la sede de la Contraloría General de la República en Concepción se encadenaron este jueves Pamela Pezona, madre de dos hijos de Héctor Llaitul junto a otros familiares de comuneros mapuche que se encuentran en huega de hambre luego de ser trasladados al Centro Penitenciario de Valdivia.

Los comuneros se encuentran en huelga de hambre y prisión preventiva luego de ser imputados por los delitos de incendio, robo con intimidación y porte ilegal de armas.

Los detenidos son: Luis Menares Chalinao (26), Luis Fuenzalida Eneros (50); Ernesto (27) y Pelentaro Llaitul Pezoa (19); Jorge Caniupil Coña (27) y Juan Carlos Mardones Sáez (33).

Algunos de ellos se encuentran detenidos en Valdivia y otros en el Centro de Cumplimiento Penitenciario del Biobío.

Acusando una “vulneración” de sus derechos y el alejamiento de sus comunidades, los familiares de todos los detenidos protestaron en contra del trasladado hacia Valdivia de todos los detenidos.

En la manifestación, se refirieron a la aplicación por parte de Gendarmería de un dictamen que impide que los detenidos accedan a garantías tales como recibir un trato con pertinencia cultural, es decir, una alimentación especial o recibir a las machi adentro del penal.

Pamela Pezoa aseguró que los comuneros “necesitan el contacto con la tierra, con la naturaleza, una alimentación originaria y la atención de las machi, su lawen, cosa que en estas dos cárceles no se pueden realizar”.

A esto agregó que los presos “están tranquilos, están con ánimo pese a que están perdiendo peso, pero todavía están firmes en esta decisión de continuar adelante para no perder los derechos que se han ganado anteriormente con otra huelga de hambre, con otras luchas que han realizado también distintos presos políticos mapuche durante todos estos años”.

Destacando además que “están recibiendo asistencia médica de parte del Colegio Médico”.

“A Gendarmería se le ha concedido casi un poder absoluto sobre los presos, y particularmente sobre los presos mapuche. Gendarmería está sobre los tribunales de justicia, sobre el Poder Judicial, y eso es por un dictamen que realizó Contraloría”, remarcó.

Finalmente, Pezoa subrayó que “en estos momentos es la principal traba para que los tribunales de justicia hagan valer los derechos de nuestros familiares, que en estos momentos se encuentran desarraigados, lejos de su familia y de sus comunidades, y además, la defensa no puede hacer su trabajo porque tiene que recorrer muchos kilómetros para hablar con ellos”.