Un dictamen de la Contraloría General de la República, estableció que los municipios de Estación Central, Valparaíso, Arica, Concepción, Talcahuano, Recoleta, Santiago, la Pintana, Ñuñoa y Puerto Natales, además del gobierno regional de Magallanes, se excedieron en sus atribuciones al suscribir convenios de cooperación internacional con la ACNUR – Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados- , esto en el marco de las denominadas “Ciudades Solidarias”.

En este sentido, el acuerdo establecía que las entidades territoriales antes enumeradas se comprometían a “garantizarían la protección y la inclusión socio económica de la población de interés del ACNUR en Chile, en particular, facilitando el acceso al pleno goce de sus derechos civiles, políticos ,económicos, sociales y culturales”.

Ante esta situación el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, explicó en un documento de cuatro paginas que sólo tienen atribuciones para suscribir dichos acuerdos, el Presidente de la República como Jefe del Estado, con la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por lo que “suscribir este tipo de acuerdos, supera las atribuciones con que cuentan los alcaldes y gobernadores regionales”.

Tras el dictamen, el diputado Roberto Arroyo Muñoz, quién presentó la denuncia al organismo contralor en abril pasado, señaló que “ellos cometieron un acto ilegal y deben retrotraer lo que obraron a través de estos programas Ciudades Solidarias. Lo dije en su momento, para mi era la forma de legalizar la inmigración ilegal que en el norte se denuncia y que en el resto del país sufrimos sus efectos”.

En esta misma línea, el parlamentario agregó “Yo no estoy en contra de la inmigración, sino de la inmigración ilegal que ingresa con carácter de refugiado, y que como en este caso, permite que cualquier persona pueda ingresar al país, siendo considerada más vulnerable que el más vulnerable de los chilenos, pudiendo acceder así a todos los beneficios del Estado. Lo que nos parece una injusticia”, agregó el diputado PDG por la región del Biobío.

Por su parte el diputado independiente por Arica y Parinacota, Enrique Lee, indicó que “durante mucho tiempo la GENTE nos pidió averiguar sobre el trabajo de ACNUR, por considerarlo una especie de invitación ilegal para que los inmigrantes lleguen al país. Afortunadamente, tras el dictamen de la Contraloría General de la República, se estableció que los acuerdos sostenidos tanto por el gobierno regional de Magallanes, como los municipios con ACNUR, van a tener que ser revisados, por lo que celebramos que por fin un órgano del Estado, se haya manifestado en favor de las chilenas y chilenos”.

Cabe señalar que tras el pronunciamiento el ente contralor dio un plazo de 60 días para deshacer los acuerdos firmados en enero pasado.