La Contraloría General de la República, publicó este lunes un dictamen sobre tres denuncias realizadas por los parlamentarios de Chile Vamos contra la ministra Izkia Siches.

En el documento, el ente fiscalizador acusa de “falta de prolijidad” a la secretaria de Estado.

Una de las acusaciones tiene relación a la visita oficial de la titular del Interior a la Región de La Araucanía el 15 de marzo pasado, donde tuvo lugar un corte en la ruta hacia Temucuicui por un vehículo en llamas junto a varios disparos injustificados.

Se pidió además, sea investigado en este viaje un eventual incumplimiento del principio de probidad administrativa, además de un mal uso de recursos públicos por parte de la ministra Siches. Esto debido a su traslado a la Región de la Araucanía durante la visita oficial en un avión de Carabineros de Chile junto a su pareja y su hija.

Fue denunciada igualmente, la afirmación de Siches a que durante el Gobierno de Sebastián Piñera, en cumplimiento de órdenes judiciales de expulsión de personas extranjeras, un vuelo que llevaba a venezolanos expulsados, retornó a Chile con los mismos ocupantes, sin dejarlos en su país de origen, como fue dispuesto por el Tribunal de Justicia.

Por estos dichos, la secretaria de Estado, aclaró posteriormente, que se trató de una información errónea.

La Contraloría dictaminó “falta de prolijidad en la preparación de la información expuesta ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, la que no es acorde con la relevancia de tal instancia, ni tampoco con la importancia del cargo que ostenta la autoridad reclamada”.

Además apunto a que debe “adoptarse las medidas necesarias destinadas a evitar que, en lo sucesivo, se repitan situaciones como la de la especie”.

Con respecto al traslado de la hija de la ministra Siches, la CGR, “no se generaron gastos adicionales”.

No obstante, el ente dictaminó que “deberán buscarse otros mecanismos que le permitan a dicha superioridad armonizar la ejecución de las labores propias del cargo que inviste con el ejercicio del apuntado derecho y que no involucren la utilización de recursos públicos destinados a fines institucionales”.