El diputado Rubén Oyarzo del PDG y las bancadas de Chile Vamos, solicitaron al Presidente Boric la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, luego del otorgamiento de beneficios carcelarios a reos de Angol.

Esta solicitud se da tras la denuncia realizada por la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciaros de Gendarmería (ANOP), quienes acusaron que el 17 de agosto pasado, se llevó a cabo el traslado de internos mapuche del Centro de Detención Preventiva de Angol hasta hasta el Centro de Educación y Trabajo de la misma ciudad, decisión tomada luego de una reunión entre comunidades mapuche y autoridades penitenciarias.

La reunión se llevó a cabo un día después que se encontrara un lienzo en un ataque incendiario en el sector de la Cabaña, el que tenía amenazas en contra de Luis Poveda, alcaide del Centro Penitenciario de Angol.

El traslado de Johan Millanao Nahuelpi y Juan Calbucoy Montares al Centro de Educación y Trabajo, además del traslado de Sergio Levinao Levinao a un hospital por su débil estado de salud a causa de una huelga de hambre, no se ajustaría a los estándares manejados por Gendarmería, considerando que de acuerdo al decreto N° 943, se debe contar con la aprobación del Consejo Técnico de la Unidad de Destino y del Consejo Técnico Regional.

Tras darse a conocer estas acusaciones, la ministra Ríos, solicitó la realización de un informe en el que se detalle cómo fueron adoptadas las medidas dentro del recinto penitenciario.

De acuerdo a lo señalado por el diputado UDI, Jorge Alessandri “los que conocemos en algo el sistema público de nuestro país, sabemos que Gendarmería no se manda solo. Sabemos que tuvo que haber al menos un llamado al Ministerio de Justicia y que alguien ahí le dijo ‘proceda’. La pregunta es ¿Quién le dijo ‘proceda’?. En distintos Gobiernos han sido distintas personas quienes llevan la relación con Gendarmería”.

“Nosotros esperamos saber quién le dijo ‘proceda’ y evidentemente esperamos una reacción por parte del Presidente de la República en esta materia, porque de lo contrario la señal es nefasta; cualquier grupo radicalizado, en cualquier región del país rodea una cárcel, el alcaide se sienta a negociar y accede. Ya lo hicieron una vez, si lo hacen de nuevo ya se va a convertir en costumbre”, acotó el parlamentario.

A esto agregó que “Los Ministerios de Justicia siempre han negociado con los presos, el tema es que acá es que el ministerio desliga responsabilidades a Gendarmería y dice que la decisión la tomó el alcaide o el director regional. Nosotros como Cámara de Diputados buscamos responsabilidad política”.

Finalmente, se destacó que si la ministra Marcela Ríos continúa en el cargo, no se descarta una una Comisión Especial Investigadora o una Acusación Constitucional por las acciones que seguirán en este caso.

”Lo importante acá es que el Gobierno demuestre que esto no es una costumbre y que ningún grupo radicalizado puede rodear una cárcel en Chile y acceder a beneficios inmediatos”, concluyó el diputado Alessandri.