Más de 80 mil personas participaron durante el sábado en la XXII versión de la Marcha del Orgullo convocada por el Movilh y la Fundación Iguales en Santiago.

En la actividad, se contó con la presencia de varias autoridades de gobierno, entre las que se encontraban: el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson; el titular de Educación, Marco Ávila; la vocera de Gobierno, Camila Vallejo; el presidente del Senado, Álvaro Elizalde; la directora del Injuv, Renata Santander; el seremi de Salud de la región Metropolitana, Gonzalo Soto Brandt; el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, y el convencional constituyente Pedro Muñoz.

La actividad estuvo marcada por el llamado a la derogación del artículo 365 del Código Penal, el que indica que quien “accediere carnalmente a un menor de dieciocho años de su mismo sexo, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación, será penado con reclusión menor en sus grados mínimo a medio”.

Al respecto, Gonzalo Velásquez, presidente del Movilh, señaló que “el artículo 365 del Código Penal estigmatiza y discrimina a jóvenes homosexuales, en tanto fija en 18 años su edad de consentimiento sexual, en circunstancias que para heterosexuales es de 14 años. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha pedido a Chile derogar esta norma. Más aún, el Estado de Chile se comprometió a derogarla en un acuerdo firmado con nuestra organización en 2016 ante la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH), pero aún la ley no es eliminada. Exigimos la derogación de esta última ley homofóbica, cuya vigencia es escandalosa, en especial tras la aprobación del matrimonio igualitario”.

Además se rindió homenaje a las 56 víctimas fatales de la homotransfobia y se conmemoró los 31 años del Movilh.
Por primera vez, se contó con la participación de un camión con expresiones artísticas y culturales de migrantes LGBTIQA+.

“Las personas migrantes LGBTQA+ requieren de especial solidaridad, en tanto además de ser discriminadas por su orientación sexual o identidad de género, sufren abusos en razón de su nacionalidad. Cada día recibimos peticiones de ayuda de migrantes. Queremos contribuir a mejorar su calidad de vida en Chile”, manifestó la activista de Movilh-Migrante, Vanessa Solorzano.

Por su parte, Javiera Zúñiga, vocera del Movilh, apuntó a que “con la misma fuerza, demandamos una institucionalidad antidiscriminatoria. De todos los grupos discriminados en Chile, el LGBTIQA+ es el único que no tiene servicios, ministerios o presupuestos focalizados para hacer frente a la homotransfobia. Exigimos una institucionalidad antidiscriminatoria que se haga cargo de nuestra realidad de manera explícita, así como de la situación de otros grupos vulnerables”.