Por medio de un dictamen, la Contraloría General de la República, determinó que para que las municipalidades puedan vender gas, se necesita una ley.

Esto se convertiría en una nueva traba para el denominado “Gas Popular”.

El dictamen de Contraloría indica que los municipios “solo podrían vender y/o distribuir gas a sus vecinos en la medida que el legislador las autorice expresamente”.

De esta manera, sin contar con una ley, la iniciativa no puede llevarse a cabo.

El avance del «Gas Popular» se encuentra en manos del Gobierno, que se encuentra trabajando con la ENAP y representantes de los municipios en busca de una solución.