Con el fin de potenciar el servicio público que brinda el terminal de buses de Viña del Mar -de propiedad municipal-, tanto a la comunidad como a los visitantes, el Concejo Municipal aprobó la propuesta de la alcaldesa Macarena Ripamonti de extender la concesión de este recinto al actual operario por 9 meses más, para que a partir del 1 de enero del 2023 la administración del recinto sea asumida por el propio municipio.

Cabe recordar que ante la caducidad del permiso vigente (31 de marzo), se planteó al Concejo Municipal la alternativa de extender un nuevo permiso precario para los próximos 9 meses -a partir del 1 de abril 2023-, recibiendo la municipalidad el 18% de ingresos netos, una boleta de garantía por 930 UF, con una operación durante las 24 horas del día.

La alcaldesa Macarena Ripamonti junto con valorar la participación de los concejales en esta materia indicó que “esta decisión obedece a un proyecto estratégico con un propósito de ciudad diferente, que está muy bien trabajado en abstracto, con un sustento teórico para su operatividad y que demuestra que los organismos públicos pueden tener gestión con estándar de calidad”.

De esta manera, el municipio se abocará a trabajar en una evaluación de proyecto de los posibles escenarios, la cual será presentada a las concejalas y concejales a comienzos del segundo semestre de este año para su análisis y discusión, para convertir al recinto en un rodoviario de categoría y generar más ingresos para la ciudad.

Para asumir la operación por parte del municipio, la administración municipal evaluó experiencias internacionales de los terminales de Londres (Inglaterra), Frankfurt (Alemania), Ciudad del Este (Paraguay) y Bogotá (Colombia).

PERMISO PRECARIO

Cabe recordar que tras el término de la concesión de 17 años que tuvo Terminal de Buses Viña del Mar S.A., la administración anterior dispuso un permiso precario desde diciembre del 2018 hasta el 31 de marzo del presente año.

En el intertanto se desarrollaron las bases para una nueva licitación, la cual recibió diversas observaciones por parte de la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia, que recomendó dar de baja las licitaciones que se hicieron el 2018 y luego 2019 debido a que habían varios temas que no procedían, como el pago adelantado de la renta, integración vertical (un operador de buses que operaba también el terminal) y otros.

Además pidió disminuir el cobro mensual de los ingresos brutos por el permiso precario de 18% a 12%.