El 18 de febrero pasado, por medio de Twitter, la periodista Claudia Molina acusó al Ministerio del Interior de ya no contar con los registros de los ciudadanos extranjeros en Chile.

La periodista aseguró que “las bases de datos y control de registros de los últimos siete meses fueron eliminados hace aproximadamente dos semanas atrás“.

Este lunes, un reportaje de Ciper Chile, dio a conocer parte de esta denuncia. Según el reportaje, una falla en el sistema del Servicio Nacional de Migraciones, perteneciente al Ministerio del Interior, el que no contaba con una copia de respaldo, obligó a que sean reconstruidos los datos de extranjeros en el país desde 1993 a 2021.

La investigación indica que la falla tuvo lugar el pasado 26 de octubre “Los funcionarios del Servicio Nacional de Migraciones informaron la caída de la principal base de datos del área: el Sistema B3000, un archivo que contiene la “hoja de vida” de todas las personas extranjeras residentes en Chile desde 1993, información que permite la emisión de visas o decretar expulsiones, entre otros procedimientos” subrayan desde Ciper.

La base de datos de Migraciones contiene antecedentes penales, cambios de residencia, además de solicitudes y consultas que el Estado ha realizado a los migrantes. Toda esta información se borró del sistema y no ha podido ser recuperada.

Los datos rescatados son los registrados entre el 11 de agosto al 25 de octubre de 2021.

Ciper Chile contactó al Servicio Nacional de Migraciones, quienes, según se indica en el reportaje señalaron que “para la recuperación de los datos, se utilizaron nuestras propias bases, datos, estudios, pagos, interoperabilidad y respaldos en papel, con lo que se recuperó toda la información en un par de semanas, una vez que hubo certeza de que la empresa proveedora del servicio de respaldo no podría recuperar la información”.

Funcionarios de Migraciones dieron a conocer durante el reportaje que “sin el registro alternativo que mantenían se habría perdido toda la base de datos del B3000”. Ese respaldo habría sido solicitado por “la falta de confianza en la licitación que había abierto la Subsecretaría del Interior y en la empresa nueva que habían contratado para hacer los respaldos“.