En tres meses, a partir del 14 de febrero, se amplió el plazo de la investigación penal en contra del Ex Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, Héctor Espinosa Valenzuela; su cónyuge, María Neira Cabrera y su ex Ayudante personal, el Comisario, Eduardo Villablanca, quienes fueron formalizados en octubre del año pasado, por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y lavado de activos.

La solicitud efectuada por el Fiscal Regional Eugenio Campos y su equipo, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se basa  en diversos requerimientos bancarios, de información, registros contables, diligencias solicitadas por el Consejo de Defensa del Estado y movimientos de cuentas que se requieren profundizar para la identificación de cuentas corrientes, giradores, flujo de fondos, montos totales y la elaboración de informes periciales dispuestos para acreditar la existencia de los delitos, considerando que se trata de una investigación compleja y extensa.

Asimismo, por el levantamiento del Secreto Bancario, con el cual se amplía el periodo investigado, lo que permite analizar la trazabilidad de dineros como también la adquisición de bienes.

Cabe indicar que esta investigación que se inició producto de operaciones sospechosas, en diciembre de 2020, mediante reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), surge como una de las aristas de la malversación de caudales públicos detectadas en Carabineros de Chile y guarda relación con la sustracción de al menos $146 millones de pesos, provenientes de fondos públicos destinados a la satisfacción de  gastos reservados asignados a la PDI,   a través del ex ayudante del ex Director General de la Institución, Comisario Villablanca, quien en calidad de cómplice de Héctor Espinosa y a cambio de comisiones, realizó,  diversos  depósitos fraccionados por sumas millonarias a las cuentas bancarias de Espinosa Valenzuela y de su cónyuge, funcionaria del Servicio de Impuestos Internos (SII). A la vez con actos de lavado, que tuvieron como efecto que estos dineros ingresaran al patrimonio de los imputados, se mezclaran con sus bienes de origen lícito y se integraran al sistema económico formal, afectándose, una serie de bienes jurídicos, destinados a cautelar tanto la administración de justicia como el orden público económico.