El Gobierno dio a conocer durante esta jornada que adjudicó la polémica licitación del litio a dos empresas, anuncio que llega antes de lo esperado dado que se esperaba que la resolución se diera este viernes.

Según indicaron desde el ministerio de Minería, la adjudicación para impulsar la producción de litio en el país, habría sido otorgada a las empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A, con lo cual se habrían otorgado dos de las cinco cuotas que se ofrecían.

En esta línea, desde el ejecutivo destacaron que ambas ofertas, sustancialmente más altas que el resto de las ofertas recibidas, son las que “mejor responden al interés del Estado de aumentar la competencia en este mercado y obtener la recaudación por cuota más satisfactoria”. Por lo cual, el Estado recibirá, sin considerar los pagos futuros por producción, US$ 121 millones por estas dos cuotas.

Asimismo, desde el ministerio destacaron que “la convocatoria nacional e internacional buscaba elevar la producción de este mineral en Chile, atendiendo así la creciente demanda mundial generada por el desarrollo, entre otros, de la electromovilidad. Ello, en un contexto en el que pese a tener las mayores reservas mundiales de litio, el país ha ido perdiendo participación de mercado por la ausencia de nuevos proyectos”.

“La entrada de ambas compañías permitirá aumentar el dinamismo de la industria local de litio para que Chile recupere su posición en la escena mundial. Las cuotas adjudicadas, por un total de 160.000 toneladas de LME, representan el 1,8% de las reservas conocidas de litio en nuestro país”, apuntaron.

Pasos tras la adjudicación

Por otro lado, desde el Gobierno recalcaron que previo al inicio de la etapa exploración y producción, las compañías deberán obtener frente a las autoridades pertinentes -ambientales y otras- todos los permisos requeridos, así como generar los espacios de diálogo necesarios para asegurar que los proyectos se desarrollen en armonía con las comunidades locales, cuidando el medioambiente y respetando nuestra legislación vigente.

Finalmente, puntualizaron que tras la adjudicación  se “trabajará con las compañías adjudicatarias, en el contexto de este proceso de licitación, la incorporación de fórmulas que permitan destinar una porción de los pagos que éstas deberán realizar, a aportes a las comunidades locales y a inversiones en I + D”.