Este viernes, la justicia dictó prisión preventiva para el funcionario de la PDI acusado de ser autor del crimen de la subinspectora Valeria Vicanco el pasado 13 de julio durante un procedimiento en la comuna de La Granja.

Se abrió un plazo de seis meses para investigar los hechos, durante este periodo, deberá cumplir con la medida cautelar en la Brigada de Reacción Táctica Metropolitana, en la comuna de Cerrillos.

En la instancia, la magistrada Mariela Hernández, sostuvo que el imputado en libertad es “un peligro para la seguridad de la sociedad”.

Por su parte, el fiscal jefe de Delitos Violentos, Christian Toledo, presentó en la sesión, pruebas balísticas, además de sostener que el funcionario imputado“sin existir amenaza real o peligro inminente para alguno de los funcionarios policiales o sin que existiera causa o motivo suficiente, de manera directa e intencional, procedió a efectuar un disparo con su pistola fiscal impactando a su compañera Valeria Vivanco, quien resulta lesionada en su zona torácica con entrada y salida de proyectil, lesiones que posteriormente le causaron la muerte».

Después de escuchar los argumentos, y revisar las pruebas, la magistrada cargo consideró que “estamos en presencia de un homicidio doloso, descartando desde ya la imprudencia propiamente tal, de acuerdo a la forma y las circunstancias en que se percutó el dispar”.

“El imputado es un funcionario público capacitado. Existen distintos protocolos en la institución que dan cuenta en qué momentos ellos pueden usar la fuerza o el arma de servicio y qué se tiene que tener en consideración para tales efectos”, concluyó la jueza.