El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, abordó el informe publicado por la ONU, donde criticaron el uso de la prisión preventiva en ciertos casos de detenidos en el contexto del estallido social. 

El documento sostuvo que “valoramos los esfuerzos del Estado de Chile para incorporar las recomendaciones que presentamos en 2019. Sin embargo, persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición, entre otros derechos fundamentales”.

A propósito de ello, Galli aseguró que “aquí hay un solo interés y creo que es un interés común: que esas investigaciones avancen y poder aclarar rápidamente cuál es la responsabilidad respecto a las personas que resultaron afectadas con posterioridad del 18 de octubre”.

Asimismo, la autoridad afirmó que “tanto el gobierno como la institución de Carabineros de Chile han dado muestras de haber observado con atención las lecciones que nos dejaron los episodios de violencia con posterioridad del 18 de octubre, y así lo destaca el informe”.

“Uno puede ver, y quizás se destacó poco, pero no hubo una sola denuncia el lunes 18 de octubre pasado por vulneración de derechos en que pudiera imputársele responsabilidad a un funcionario del Estado”, insistió. 

 El subsecretario señaló que con la reforma a la institución que se está llevando adelante “apunta a no quedarnos en mirar hacia atrás, sino también tomar las medidas, reformarnos para adecuarnos a la sociedad del siglo XXI, esa es la principal garantía de no repetición. Es aprender las lecciones del pasado y hacer cosas. Hay que dejar este síndrome de la indignación y la queja y pasar a la acción”.

“Eso de cuenta en los hechos, más allá de los protocolos y las leyes, más allá de los informes, en los hechos, que las lecciones se incorporaron dentro de los procedimientos policiales están siendo aplicados y ha significado que no tengamos denuncias contra carabineros en un día que no fue de poca violencia”, completó.