La Comisión Ambiental de Coquimbo, en Chile, aprobó hace algunas semanas  de forma casi unánime el  minero Dominga  con 11 votos a favor y uno en contra.

El proyecto ya había sido rechazado en 2017  por esta misma comisión y por el Comité de Ministros del Servicio de Evaluación Ambiental, resaltando los riesgos que podría implicar para el ecosistema marino de la zona.

En esa oportunidad la empresa detrás del proyecto, Andes Iron,  apeló y judicializó el caso, logrando que esta vez la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, región donde se emplazará Dominga, finalmente sí aprobase la ejecución del proyecto.

El proyecto minero portuario está valorado en US$2.500 millones y siendo el plan su instalación en el conjunto de ocho islas que componen el Archipiélago de Humboldt.

Las faenas de Dominga contemplan la extracción de concentrados de hierro y cobre, la creación de una mina de tajo abierto, la construcción de un puerto propio para exportar su producción y una desalinizadora para no utilizar el agua dulce.

Para la organización, si bien los impactos iniciales de la construcción del proyecto   podría causar la total extinción  del hábitat de decenas de especies, algunas únicas, en tierra y mar.

Por lo mismo, Greenpeace  creó una página web para que toda la población que ha podido tomar conocimiento de la riqueza única de la zona y su naturaleza y de la preocupación del mundo científico respecto del cuidado del archipiélago de Humboldt ejerza su legítimo derecho a solicitar formalmente al Servicio de Evaluación Ambiental la invalidación del permiso otorgado por la comisión ambiental de Coquimbo sumándose en www.noadominga.cl

“Con esta iniciativa cada ciudadano podrá iniciar en noadominga.cl un procedimiento formal para expresar los argumentos que justifican invalidar el permiso otorgado a la empresa en Coquimbo producto de las ilegalidades e irregularidades cometidas hasta ahora y estará en su derecho a solicitar un pronunciamiento, una respuesta, por parte del servicio de evaluación ambiental. De ser una respuesta negativa, podrían evaluarse nuevas acciones legales. De no recibir respuesta adecuada a cada una de las solicitudes enviadas, también podrían iniciarse acciones legales. Si se acepta la solicitud, puede revocarse el permiso ambiental a la empresa. Nosotros nos vamos a tomar en serio las reglas del juego, esperamos que ahora que seremos miles ellos también lo hagan y se haga justicia deteniendo esta barbaridad”, indicó  el Director de Greenpeace, Matías Asun.