Los primeros días de septiembre, el convencional Rodrigo Rojas Vade admitió que fingió durante varios años tener cáncer.

Esta falta a la verdad, según lo que él dio a conocer por su cuenta de Instagram, se debió a que su verdadero diagnóstico era el de una enfermedad “discriminada en este país”.

Esta confesión y todo lo que su destape significó, derivó en una investigación por eventuales delitos por Fiscalía.

Su abogado defensor, Tomás Ramírez, dio a conocer en conversación con el Mercurio, que Rodrigo Rojas Vade en verdad padece desde hace 8 años de sífilis, trombocitopenia inmunitaria (PTI) y la enfermedad de Behcet.

Fue en el año 2013, con su primer diagnóstico cuando “nació” la mentira de padecer cáncer. Esto como forma de encubrir sus primeros diagnósticos que lo llevaron a tener tantas hospitalizaciones debido a los síntomas en las clínicas Alemana y Bupa.

“Su versión sobre que tenía cáncer comienza en 2013 con el diagnóstico de sífilis, pero algunos síntomas continuaron apareciendo en sus siguientes hospitalizaciones, por lo que mantuvo la misma versión desde esa época”, reveló el abogado defensor.

Desde esa fecha, el convencional ha padecido de una serie de patologías, manteniéndose dos de ellas con los años, la trombocitopénica inmunitaria y la enfermedad de Behcet.

“Sus diagnósticos fueron cambiando, desde síndrome disentérico, síndrome emético, reacción adversa a medicamentos, síndrome vertiginoso, entre otros. Ha tenido dos diagnósticos que se reiteran: la enfermedad de Behcet y la púrpura trombocitopénica ideopática. Esto no implica que sea su diagnóstico definitivo, sobre todo teniendo presente que ahora, con toda la información, probablemente deba reiniciar un trabajo con distintos especialistas”, subrayó Ramírez.

En relación a la deuda de más de 27 millones de pesos, el abogado de Rojas Vade detalló que la cobertura de salud “es a través de Isapre, ya que hasta el año pasado tuvo trabajo en una línea aérea. La deuda se genera por los costos de hospitalización, de consultas médicas, exámenes y medicamentos, teniendo en consideración de que se trata de problemas que se arrastran desde hace ocho años. Fue despedido en abril de 2020 y después se organizó la rifa para ayudarlo económicamente”.

Al ser consultado respecto a la mentira dada por el convencional para justificar las obligaciones bancarias, el defensor sostuvo que “ciertos funcionarios públicos tienen la obligación de efectuar esa declaración, y si no lo hacen, es inexacta o incompleta. La Contraloría exige que se cumpla con la ley, pero no se aplican sanciones por ese mero incumplimiento. Además, respecto de las deudas la ley exige que se señale cuáles son, no que se explique el origen. Atendido lo anterior, existiendo la posibilidad de rectificar montos y origen sin que tenga consecuencias en este nivel administrativo, carece de sentido que sí lo tenga en el ámbito penal”.

Finalmente, Tomás Ramírez fue enfático en señalar que “Entregaremos todos los antecedentes para acreditar los diagnósticos y los procedimientos médicos, y demostraremos que su conducta no es constitutiva de delito”.