La Corte Suprema acogió un recurso de protección y ordenó al Ministerio del Interior y Carabineros de Chile realizar las coordinaciones efectivas para resguardar la seguridad de los trabajadores y el público del Servicio de Atención Primaria de Urgencia (Sapu) de Quebrada Verde en la ciudad de Valparaíso.

En la sentencia, la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros y ministras Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Mario Carroza y la abogada (i) Leonor Etcheberry- estableció que está en riesgos los derechos constitucionales del personal y el público al no realizarse coordinaciones efectivas para evitar hechos de violencia en el centro de salud.

En este sentido, el documento señala que “Que, si bien se observa que se han realizado gestiones, una real coordinación debe cumplir con ser eficaz en relación a los fines propuestos. En otras palabras, inútil resulta reunir los esfuerzos de varias instituciones en la toma de decisiones conjuntas, si ellas no son efectivas y eficaces y, en el presente caso, tales características son, a lo menos, dudosas.”

Además se considera: “Que, en este sentido, a fin de abordar el conflicto sometido al conocimiento de esta Corte, no es posible perder de vista que, en virtud de sus facultades conservadoras, esta Magistratura se encuentra habilitada para adoptar todas las medidas que estime conducentes para otorgar la debida protección a todos quienes hayan visto amagados sus derechos constitucionales previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República”.

De esta manera, el fallo indica que las autoridades deberán coordinar una solución integral, efectiva y eficaz, a la problemática por lo cual   razón por la cual “se dispondrá que las recurridas, además de Carabineros de Chile, deberán coordinarse y actuar conjuntamente, a fin de evaluar si las medidas adoptadas hasta la fecha resultan suficientes para la debida protección de los funcionarios y usuarios del aludido centro de salud y, en su caso, determinar si resultan necesarios nuevos protocolos de comunicación y coordinación que cumplan con dicha finalidad, de modo de evitar que situaciones como las reseñadas en el motivo tercero, se verifiquen nuevamente.”

Con esto, las autoridades nacionales y locales estarán obligadas a evaluar la eficacia de las medidas de seguridad adoptadas hasta la fecha y, en su caso, acordar otras nuevas, como la realización de rondas periódicas, que otorguen una efectiva protección a todos aquellos que transitan y desempeñan sus funciones en el SAPU de Quebrada Verde, con el objeto de evitar, “de manera eficaz, la ocurrencia de nuevos hechos vulneratorios de derechos.”, cierra el documento.