Avanzar en la conformación del Banco de Terrenos y en la elaboración de una Política Pública Regional de Campamentos son iniciativas urgentes para abordar la problemática de los asentamientos irregulares, los cuáles se han incrementado considerablemente en los últimos años.

La situación se trató detalladamente en la última sesión plenaria del Consejo Regional (CORE) de Valparaíso, en la minuta de la Comisión de Vivienda y Campamentos, donde se informó la exposición del avance del Convenio GORE – MINSAL, por parte del SERVIU, donde se dio cuenta que desde el año 2013 a Noviembre del 2019 se han transferido $ 5.243 millones correspondientes al 17% del convenio, de ellos un 65% corresponde a aporte MINVU y un 35%  al GORE de Valparaíso.

El presidente de la mencionada comisión, Juan Arriagada Arens, indicó que “es evidente el déficit de viviendas sociales en la región, el cual se agiganta día a día. Hay una escases absoluta de suelo útil para construir este tipo de viviendas, porque los terrenos que están a la venta en el mercado están fuera del alcance presupuestario del ministerio de Vivienda y del Gobierno Regional, mientras que otros se ubican en los sectores extramuros de las ciudades, donde el costo de construcción se multiplica, pues muchas veces están fuera de la zona de concesión de Esval y el acceso a los servicios públicos también se encarece”.

El consejero regional señaló que “hay nuevas tomas en ambos costados del Troncal Sur, han aparecido varios campamentos en la zona Cordillera al igual que en San Antonio, y desde luego que también en Valparaíso y Viña del Mar, comunas que concentran el mayor número de este tipo de asentamientos. Hace 20 días atrás aparecieron 29 nuevas familias en el sector de Miraflores Alto, en Viña del Mar”.

Es por eso que “de las conversaciones con el ministerio de Vivienda, con el Serviu y los consejeros regionales, ya se entiende que hemos superado la etapa de diagnóstico y debiéramos pasar a la etapa de una propuesta regional de vivienda y campamento que lograra disminuir el impacto brutal que tiene el problema. Lo que aparece más conveniente como criterio es terminar el Banco de Terrenos fiscales, considerando las áreas verdes bajo la administración municipal, además de incluir los terrenos de instituciones en una especie de situación intermedia entre lo público y lo privado. Hay muchos terrenos en Valparaíso, Viña del Mar y también en el sector de Cordillera, que son propiedad de la Iglesia Católica y de otras iglesias; y desde luego, en el ámbito público, incorporar los terrenos de las Fuerzas Armadas que no tienen utilidad institucional, por ejemplo, el Polvorín de Viña del Mar, que es un gran terreno muy cerca del centro de la ciudad, que va desde el Hospital Naval hasta Gómez Carreño y que permitiría formar barrios integrados”.

 A su vez, el gobernador regional y presidente del CORE, Rodrigo Mundaca Cabrera, reafirmó que “la Región de Valparaíso es la que tiene el mayor número de campamentos del país. Informes de TECHO y otras instituciones dan cuenta que en la región existen actualmente 23.843 familias viviendo en esta condición, sin acceso a servicios básicos indispensables como el agua potable, alcantarillado y energía eléctrica, mientras que en la comuna de Viña del Mar está el campamento “Manuel Bustos”, que es el más grande del país. La comunidad que vive en estos asentamientos está ejerciendo el derecho a vivir en la ciudad, a resignificar el lugar donde ellos quieren vivir, por lo que nos parece muy importante levantar una Política Pública Regional que de condiciones de vida digna a miles de familias”.

 La autoridad dijo que “hemos oficiado al MINVU para que nos informe sobre la disponibilidad de suelo público potencialmente urbanizable. Además, se ha conversado con el CORE la posibilidad de aperturar una glosa presupuestaria para comprar terrenos. Pero la idea es que el Gobierno Regional no sea sólo una caja dispensadora de dinero, sino que en el marco del proceso de descentralización, esta institución también pueda influir en las políticas públicas y tomar decisiones en nuestro territorio y en nuestras comunidades”.

 Finalmente, sobre el estado de avance del Convenio GORE – MINVU, que data del 2011, manifestó que “me parece mal; como región hemos pasamos de 180 campamentos el 2018 a tener hoy más de 245, según las actuales estimaciones”.