viernes 9 julio de 2021 | Publicado a las 2:51 pm · Actualizado a las 2:53 pm
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Gobierno denuncia ante Fiscalía al presidente de Clínica Las Condes por tercera vacuna
A Alejandro Gil se le acusa del delito de apropiación indebida
Durante esta mañana, el Gobierno a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), junto a la Subsecretaría de Salud Pública, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Oriente de la Región Metropolitana por el delito de apropiación indebida contra el presidente del directorio de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, luego de que se revelara que obligó a una enfermera a administrarle una tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19.
Según lo expuesto Radio Bio Bio, según el SPD, el hecho configura el delito mencionado, ya que se asocia con intentos de obtener impunidad en la entrega de un certificado doloso.
“La dosis supuestamente apropiada por el señor Gil se encontraba en poder de la Clínica Las Condes, únicamente debido a que le había sido entregada en administración por la autoridad sanitaria, con la obligación de que dicho establecimiento de salud la suministrara estrictamente en la forma y condiciones que la misma autoridad señale y, en ningún caso, para que se dispusiera de ella a su arbitrio o capricho con fines personales de Gil, en su calidad de propietario de la citada clínica”, se expresa en la denuncia.
En la denuncia, se decribe que “una vez que Gil se habría apropiado indebidamente de una dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, que se encuentra destinada por la autoridad sanitaria del país para ser suministrada a los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile, Gil habría realizado acciones directas destinadas a asegurar la impunidad de su actuar, consistentes en presentar un certificado médico, de fecha 5 de julio de 2021, dos días después de que ya había exigido la inoculación a su respecto con tercera dosis”.
“Justificaba su actuar en la indicación médica de la inoculación y además despidió a la funcionaria Carla Garrido Ortiz que cumpliendo con las exigencias que impone la autoridad sanitaria, informó el evento de error de programación mediante formulario a la Seremi de Salud Metropolitana”, agrega el texto.
Por ello, el fiscal regional Manuel Guerra deberá designar a un persecutor para que inicie las indagatorias.