Por parte de la Contraloría General de la República, fueron entregadas las conclusiones de la auditoría realizada a los procesos de licitación de la “inmobiliaria popular” de la Municipalidad de Recoleta, la que fue impulsada por Daniel Jadue, actual alcalde de la comuna y precandidato presidencial del Partido Comunista.

Este informe tiene como objetivo realizar una revisión al proyecto “Justicia Social 1”, verificando que cumpla con las condiciones técnicas del Ministerio de Vivienda, así como el proceso de licitación y la selección de beneficiarios.

Como resultado de esta auditoría se realizaron seis observaciones a la Municipalidad de Recoleta y tres al Serviu.

Dados estos resultados, la Contraloría solicitó dar inicio a un procedimiento disciplinario cuyo objetivo es determinar las eventuales responsabilidades administrativas cuyas conclusiones, fueron publicadas en La Tercera.

OBSERVACIONES ENTREGADAS

En primer lugar, fue objeto de observación que la Municipalidad comenzó la construcción del proyecto sin contar con una certificación por parte del Serviu, la que llegó luego de un mes de haberse dado inicio a las obras. Dada esta situación, Contraloría ordenó al municipio de Recoleta “ceñirse estrictamente a los procedimientos establecidos en la normativa” en el futuro.

Se solicitó una revisión de contrato de obras, ya que fue recepcionado con observaciones que debían haber sido resultas en el año 2020 y que, según lo indicado por la Dirección de Obras de Recoleta, al 3 de septiembre de 2020, la empresa aún tiene proyectos pendientes.

Se menciona entre las observaciones, un cambio de precios de la propuesta pública del proyecto inmobiliario, debido a que se aumentaron las “partidas referidas a la estructura de hormigón de la obra gruesa, y disminuyendo las relativas a la habilitación”, ya que “se alteraron las condiciones fijadas en la presentación de las ofertas y de ejecución del contrato». A esta observación, desde el municipio, argumentaron que los cambios «no significaron una modificación del precio del contrato”.

A lo que agregaron “las obras contratadas y ejecutadas se ajustan a la normativa municipal, contó con los permisos y recepciones legales que ella exige y las familias beneficiadas han cumplido con los requisitos establecidos por el Ministerio para este proyecto”.

Las tres observaciones siguientes son relacionadas a la entrega de departamentos y como se efectuó la selección, donde fueron detectadas personas que no contaban con el subsidio de arriendo necesario para ser parte del proyecto. Con este hecho se “infringe la normativa del programa”, detectándose diferencias con la información recabada y las ponderaciones necesarias para otorgar el beneficio.

En el informe se agrega “se verificó que el municipio acordó como renta de arrendamiento de 28 departamentos -de un total de 37- un monto menor a las 3,5 UF (104 mil pesos al día de hoy ) establecidas en la normativa que rige el programa habitacional y el Plan de Administración del inmueble, elaborado por la misma entidad edilicia, sin que además exista una autorización formal por parte del Serviu Metropolitano que aprueba tal rebaja, según lo exige el marco regulatorio”.