El Juzgado de Garantía de San Carlos dejó este jueves sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario total a George André Latrille Hucke, imputado por el Ministerio Público como autor del delito de soborno. Ilícito que habría cometido en el proceso de licitación de recambio de luminarias led del alumbrado público en la comuna de Chillán.

En la audiencia de formalización de la investigación, la magistrada Claudia Gómez Valdés acogió la solicitud de cautelares de la fiscalía para el imputado Latrille Hucke, por considerarla proporcional a los fines del procedimiento.

“Estimando que efectivamente los antecedentes permiten en esta etapa de investigación estimar la concurrencia de estos presupuestos en cuanto a antecedentes que justifican la existencia del delito de soborno. Teniendo en consideración también la circunstancia modificatoria esgrimida por la fiscal, calificante de pena en este caso específico que hacen estimar que la medida cautelar en cuanto a la necesidad de cautela se torna proporcional respecto a lo dispuesto en el artículo 140 letra c) y también está lo dispuesto en al artículo 139, permite cumplir con los fines del procedimiento en relación a la etapa de investigación que aún pueden estar pendientes, sin perjuicio de lo que ya se ha avanzado en esta causa”, razonó la magistrada Gómez.

En la audiencia, además, el Ministerio Público solicitó la ampliación del plazo de investigación y reformalizó la indagatoria en la que se encuentran imputados, desde mayo del 2020, el juez de Policía Local de Pemuco, Marcelo Campos Henríquez, sindicado por el Ministerio Público como autor de los delitos de cohecho y violación de secretos; el exadministrador de la Municipalidad de Chillán, Ricardo Vallejos Palacios, como autor del delito de cohecho; el dueño y gerente de la empresa Itelecom Holding Chile SpA, Marcelo Lefort Hernández, por soborno, y los ejecutivos de la empresa Pedro Guerra Guerrero, Leonardo Bustos Abarzúa y Ricardo Rodríguez Bizama, quienes enfrentan cargos por soborno.

Al resolver la ampliación del plazo de la investigación, la jueza acogió parcialmente la solicitud del Ministerio Público, que solicitó 10 meses, extendiendo la indagatorio por cuatro meses más.

“Debemos tener en consideración como este plazo coincide con las medidas cautelares que están decretadas en esta causa, si bien los imputados se encuentran privados de libertad en su mayoría en su domicilio, no en establecimiento penitenciario salvo el señor Lefort, lo cierto es que se también se trata de una de las medidas más gravosas que contempla nuestro ordenamiento, lo que debe conciliarse con esta investigación que sigue el Ministerio Público y el derecho a ser juzgado en un plazo justo y razonable; es un derecho que le asiste a los imputados y si en este caso la gran mayoría de los imputados han renunciado a este derecho como ha quedado de manifiesto en sus alegaciones en la audiencia que estamos presenciando el día de hoy, lo cierto es que el tribunal de garantía tiende a procurar que dicho resguardo de este derecho sea efectivo. Y existiendo diligencias pendientes de investigación solicitadas por la defensa, esta juez hará lugar a la solicitud del Ministerio Público solo en cuanto ampliar el plazo de investigación en cuatro meses, a contar del día de hoy ”, resolvió la jueza.

Los hechos

Según el ente persecutor, mediante una investigación que incluyó la interceptación de teléfonos y seguimientos, se logró detectar que entre 2016 y 2017, los imputados representantes de la empresa Itelecom, previamente concertados, decidieron como política de la empresa ofrecer sobornos a funcionarios públicos con el objeto de asegurar la adjudicación de licitaciones públicas vinculadas a la instalación de luminarias led en distintas comunas del país. Se acordó en particular pagar sobornos a través de operadores locales y que el monto de dichos sobornos fluctuaría entre el 5 por ciento y el 10 por ciento del valor de las licitaciones de corto plazo y un monto que fluctuaría entre los 5 mil y 20 mil pesos por luminaria instalada en las licitaciones a largo plazo. A partir de este esquema, surgió la necesidad de generar dinero en efectivo para la realización de los pagos irregulares.

De acuerdo a la investigación fiscal, desde 2017, la generación de efectivo se realizó a través de la empresa; sin embargo a partir de 2018, el imputado Lefort estableció como otra forma de generar efectivo la utilización de facturas ideológicamente falsas por servicios no prestados por empresas, entre ellas GLH Ingeniería y Consultorías Spa, cuyo dueño es el imputado Latrille Hucke. De este modo, los imputados Lefort y Latrille a sabiendas que el dinero iba destinado a sobornos a funcionarios públicos, se concertaron para elaborar una operatoria de generación de dinero efectivo consistente en transferencias que se realizaban desde una de las empresas del grupo Itelecom a la empresa GLH por el pago de servicios no prestados y la emisión de facturas ideológicamente falsas. A través de esta operación liquidaban el dinero efectivo que era entregado por el imputado Latrille regularmente al imputado Bustos Abarzúa y, en algunas ocasiones, a Lefort Hernández.

En dicho contexto, Lefort Hernández contactó, además, en el primer semestre de 2019 y le ofreció dinero, a Marcelo Campos Henríquez y, por su intermedio, a Ricardo Vallejos Palacios, con la intención de favorecer a su empresa en proceso de licitación. Para lo cual Campos sostuvo reuniones con Lefort Hernández y Guerra Guerrero, las que, posteriormente, se tradujeron en la adjudicación irregular de la licitación de recambio de luminarias públicas de la ciudad de Chillán, a la empresa Itelecom por un monto de $3.200.000.000 (tres mil doscientos millones de pesos).