sábado 2 enero de 2021 | Publicado a las 6:48 pm · Actualizado a las 6:48 pm
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Diputado Andrés Celis acusa desidia e inoperancia en el uso de los recursos públicos por residencia sanitaria del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, detectado por la Contraloría
El representante del distrito 7 y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, destacó que la investigación vuelve a encender las alarmas por las contrataciones de residencias sanitarias.
Una auditoría realizada por la Contraloría Regional de Valparaíso al proceso de contratación, habilitación y utilización del Hotel Queen Royal de Viña del Mar como residencia sanitaria por parte del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, dejó al descubierto una serie de irregularidades y mal uso de recursos públicos.
Entre las más graves figuran dobles pagos por más de $174 millones, el desembolso de $30 millones por habitaciones destinadas a trabajadores, lo que no estaba considerado en el convenio firmado, y una diferencia de cerca de $3,5 millones por pacientes que pernoctaron en los respectivos días versus los datos entregados por la Jefa del Departamento de Planificación y Gestión del Servicio.
A raíz de los hechos, el ente de control envió los antecedentes a la Fiscalía Regional de Valparaíso para los fines que estime pertinente. Además, iniciará un proceso sumarial para determinar eventuales responsabilidades administrativas, efectuando un reparo al SSVQ.
El diputado Andrés Celis Montt, representante del distrito 7 y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, destacó que la investigación vuelve a encender las alarmas por las contrataciones de residencias sanitarias:
“Sin perjuicio de las irregularidades administrativas detectadas, que demuestran claramente la falta de eficiencia y control en la gestión de las residencias sanitarias, existen dos hechos alarmantes que incluso pueden traer aparejados delitos de carácter penal y que son los casos que la propia Contraloría deriva a la Fiscalía, como son, el pago doble de servicios, y los pagos en exceso por más de tres millones de pesos. Ambas irregularidades son en extremo grave, porque demuestra la desidia en el uso de los recursos públicos, la inoperancia en la gestión de las residencias sanitarias y, el escaso control que hubo tanto en las contrataciones como en su ejecución”.
“Estamos frente a una emergencia sanitaria nunca antes vista, por lo que no podemos permitir que se mal use el patrimonio fiscal, que debe ser destinado a cuestiones de carácter relevante. El perjuicio a los dineros públicos es algo que afecta a todos los ciudadanos, pues es dicho patrimonio el esencial para combatir esta pandemia”, finalizó el parlamentario.