El Consejo para la Transparencia (CPLT) determinó ordenar a Carabineros de Chile la entrega de información sobre la cantidad de funcionarios de esa institución que prestaron servicios en la Región Metropolitana -indicando por día y a nivel comunal-, en las primeras semanas de las manifestaciones tras el estallido social.

Esto tras acoger parcialmente un amparo en contra de la policía uniformada, que a juicio del Consejo, no logró acreditar que la publicidad de dicha información –materias consideradas de “carácter general y cuantitativo”- pudieran afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano o la seguridad de la Nación.  Al respecto, el CPLT en su decisión hizo presente que la propia entidad habría informado por otras vías de forma genérica sobre la cantidad de funcionarios destinados a distintas zonas de la Región Metropolitana, en fechas cercanas a la consultada en la solicitud de acceso a la información.

Por su parte, el Consejo directivo decidió rechazar el amparo en lo relativo a información sobre revelación de la identidad y grado de los funcionarios de la dotación civil de Carabineros, las instrucciones y órdenes que éstos recibieron en las jornadas consultadas, así como sus protocolos de acción.

Lo anterior, en atención a que el despliegue de labores preventivas e investigativas de este tipo de funcionarios se planifica en función, precisamente, de que sus actuaciones institucionales son efectuadas como personal civil.  A su vez, porque logró acreditarse  que con que la divulgación de instructivos vinculados a protocolos de acción, se ponen en riesgo los planes operativos y la estrategia policial preventiva que realiza la policía uniformada en el cumplimiento de sus funciones.