Este jueves la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la conformación de una nueva comisión investigadora que analizará la labor de diversos organismos públicos en función de los hechos relacionados con el caso del asesinato de Ámbar Cornejo.

La instancia fue aprobada por 102 votos a favor, nueve en contra y 18 abstenciones, y en ella se indagará, en particular, los actos del Ministerio de Justicia, la Subsecretaría de la Niñez y el Servicio Nacional de Menores (Sename) que se han traducido en medidas que tales organismos han adoptado para la protección y resguardo de aquellos menores de edad bajo su tutela, por ser víctimas de violencia o vulneración de derechos.

Asimismo, deberá determinar la responsabilidad política del citado Ministerio en la dictación del reglamento sobre otorgamiento de libertad condicional a que alude el artículo 11 de la Ley 21.124 y la forma en que ha contribuido o no al proceso de reinserción social de los condenados que cumplen condena en libertad.

Para el cumplimiento de su propósito, la referida Comisión Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.

Caso Ámbar Cornejo

En las consideraciones de los solicitantes se resalta que ha sido de connotación nacional los hechos vinculados a la menor Ámbar Cornejo Llanos, quien fue encontrada sin vida el 6 de agosto pasado en la comuna de Villa Alemana, luego de varios días desaparecida.

“El presunto autor de este macabro asesinato es Hugo Bustamante Pérez, pareja de la madre de la víctima, quien fue detenido por funcionarios policiales el mismo día en que apareció el cuerpo de la menor. Bustamante Pérez, fue condenado el año 2005 por el asesinato de su pareja y de su hijastro y, desde el 29 de abril de 2016, se encontraba con libertad condicional, la que fue otorgada por la Comisión destinada al efecto y presidida por la Ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Sra. Silvana Donoso Ocampo”, se precisa en el texto.

El documento expone también que el citado caso da cuenta de una menor que “fue vulnerada sistemáticamente por las instituciones que debieron haberla protegido”, hecho que se repetiría en otras lamentables situaciones.