La primera formalización por el delito de tortura sexual se produjo esta tarde en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago en contra de un ex funcionario del Servicio de Urgencia del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, que en febrero pasado violó a una paciente que se encontraba sedada, caso en que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella.

Luego de conocerse el caso, el victimario salió del país para huir de la justicia, por lo que el INDH desplegó gestiones ante la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) de la Fiscalía Nacional. Se levantó así una alerta internacional a través de Interpol, que finalmente detectó su presencia en Miami, Estados Unidos, cuando fue controlado por la policía por cometer una infracción de tránsito.

Finalmente, luego de recibir los antecedentes presentados por el INDH, la justicia estadounidense decidió extraditarlo a Chile, a pesar de que el acusado presenta nacionalidad peruana. Tomando en cuenta estos antecedentes, el tribunal decretó su prisión preventiva y dispuso un plazo de 120 días de investigación.

El 3 de febrero de 2019, cerca de las 14:30 horas, una mujer de 31 años de edad de iniciales M.A.Z.M, ingresó al Servicio de Urgencia del Hospital Horwitz. Estando allí, y mientras se encontraba acostada en una cama e inconsciente producto de una sedación farmacológica, un técnico paramédico tomó su mano y la puso sobre sus genitales, además introdujo su pene en la boca de la mujer.

Estos hechos fueron grabados por una cámara de seguridad de la habitación del hospital, cuyas imágenes fueron encontradas fortuitamente por otro funcionario el 7 de febrero de 2019, quien advirtió de la situación a la dirección del establecimiento. Producto de lo anterior se ordenó la suspensión del involucrado en sus funciones, la investigación sumaria correspondiente y se realizó la denuncia por estos hechos ante la Fiscalía Centro Norte.

Luego de recibir la denuncia y con la aprobación de la víctima, el INDH presentó la acción legal que en este caso adquiere una especial connotación, pues implicó la realización de un acto no consentido, perpetrado por un funcionario público y que ocasionó en la víctima un sufrimiento psíquico y sexual grave.

Asimismo, para el INDH esta situación reviste una discriminación fundada en el sexo de la víctima y en su estado de salud, afectando su dignidad.

Todas estas situaciones están expresamente reconocidas y prohibidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y por la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ambas ratificadas por el Estado de Chile el año 1989; así como también en lo dispuesto en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, ratificada por el Estado de Chile en 1998, que hace extensiva la prohibición al ámbito específico de protección a la mujer.