Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a los que Chile ha suscrito, incluyen un compromiso mundial para erradicar el trabajo infantil. Específicamente, adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a la esclavitud moderna y a la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluido el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y para 2025 poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.

En esta materia, las estimaciones nacionales indican que más de 200 mil niños y niñas realizan alguna actividad laboral, cifra que se torna aún más preocupante si consideramos que más de 190 mil, realizan algún tipo de trabajo en sus peores formas -intolerables o peligrosos- y, que el 70% pertenece a los dos quintiles más pobres del país.

Estas estimaciones hablan de un trabajo inconcluso. Chile presenta las cifras más bajas de trabajo infantil en América Latina, sin embargo, aun queda lejos lo que resta por recorrer para cumplir el compromiso de la Agenda 2030.

El 2015, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, observó al Estado chileno su preocupación porque el trabajo infantil no estaba expresamente prohibido por ley, por la cantidad de niños y niñas expuestos a trabajos peligrosos y por las limitaciones del sistema intersectorial de registro de las peores formas de trabajo infantil.

Estas son tareas fundamentales para velar por el bienestar y desarrollo de las infancias como condición esencial para cumplir con este propósito y hacer realidad los ODS. Debemos apostar por un modelo social y político que ponga en el centro a los niños, no solo reconociendo los derechos contenidos en la Convención sobre Derechos del Niño, sino garantizándolos. Esto es lo que los permitirá avanzar hacia condiciones que aseguren una infancia libre de violencia y explotación para los niños y niñas de nuestro país.

Beatriz Aguirre Pastén
Directora Nacional de Escuela Trabajo Social
Universidad Santo Tomás