Por mayoría, la Sala del Senado respaldó en general el proyecto de ley en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles.

La moción, que fue presentada por los senadores Yasna Provoste, Juan Ignacio Latorre, Carlos Montes y Jaime Quintana, fue aprobada por 24 votos a favor y 5 abstenciones.

La iniciativa tiene por objeto impedir que la morosidad en el cumplimiento de deudas educativas, pueda constituir un punto negativo en los antecedentes comerciales o financieros de una persona, que lo inhabiliten para acceder a otros tipos de créditos, como los de consumo o hipotecarios, entre otros, frustrándose con ello, la posibilidad de alcanzar un bienestar social necesario; todo ello fundado en que el actual sistema de financiamiento educativo, obliga a las personas a asumir personalmente deudas para acceder a un derecho que la Constitución encomienda al Estado garantizar.

Durante el debate, si bien la mayoría de los legisladores estuvo por apoyar la idea fundamental de la  iniciativa, senadores de oposición mostraron sus aprensiones por la redacción de la norma que podría abrir la interpretación también a «cualquier deuda» en materia de educación.