Por ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad y la víctima, el imputado Jaime Dávila Flores quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por los delitos de femicidio frustrado y desacato, luego que ayer (jueves) en la mañana fuera detenido por apuñalar a su ex conviviente en un patio del Hospital Regional.

En la audiencia de control de detención y formalización, que se efectuó en el centro hospitalario, la fiscal de delitos violentos Kárem Gómez señaló que los hechos ocurrieron el 7 de marzo, a las 07:45 horas, cuando la víctima llegó hasta su lugar de trabajo, esto es, el Hospital Regional de Iquique, ingresando por el sector de los estacionamientos. Fue en ese momento cuando fue abordada por el imputado, ex conviviente y con quien tiene un hijo en común, quien con la intención de darle muerte y portando un cuchillo cocinero de 30 centímetros de hoja, atacó a la víctima, provocándole múltiples heridas penetrantes en el tórax, abdomen, brazos y región torácica posterior, llegando una de ellas a su columna vertebral.

Testigos de los hechos lograron reducir al imputado y detenerlo hasta la llegada de Carabineros. A raíz de las graves lesiones, la víctima fue internada con riesgo vital.

La fiscal agregó que el imputado realizó tales acciones incumpliendo la resolución judicial que había dictado el juzgado de garantía de Iquique, con fecha 30 octubre 2018, por la cual condenó a Dávila Flores por los delitos de lesiones y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar contra la misma víctima, imponiéndole la prohibición de acercarse a la afectada por el plazo de un año.

La fiscal Gómez dio cuenta de las diligencias de investigación realizadas hasta la fecha por el OS 9 de Carabineros y Labocar, como son la toma de declaraciones de testigos, pericias fotográficas y planimétricas, entre otras.

Acogiendo la solicitud de la Fiscalía, el magistrado Mauricio Chía resolvió decretar la prisión preventiva del imputado por la gravedad de los delitos y por ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad y la víctima. Se fijó un plazo de investigación de 120 días.