El escándalo a raíz de la denuncia hecha por la Contraloría de Valparaíso en contra del municipio de Viña del Mar por el déficit fiscal parece no tener fin, sumando un nuevo caso.

Los detractores de la alcaldesa Reginato – dentro de los que se encuentran concejales y parlamentarios – no han parado de generar críticas y peticiones para que sea llevada ante  la justicia por estos hechos.

A ellos se adhirieron organizaciones vecinales de Achupallas y Nueva Aurora, quienes – según lo informado hoy por El Mercurio – interpusieron una querella en contra de quienes resulten responsables de fraude al fisco dentro del edificio consistorial, cuyo monto ascendería a 90 millones de pesos, medida que fue acogida por el Tribunal de Garantía de Viña.   

Nicolás López, dirigente de la junta de vecinas Sedamar Oriente de Achupallas y uno de los firmantes de la querella, declaró que: “Queremos que los responsables paguen de manera penal, pero también poder generar un precedente respecto a que las organizaciones sociales están informadas y empoderadas, por lo que no va a pasar lo mismo que hace tiempo, vamos a visibilizar esto para que quienes vengan sepan que no van a encontrar a una población desinformada”, señaló el medio local.  

El monto asociado a este nuevo caso corresponde a pagos irregulares de la reparación y mantención del Reloj de Flores, ornamentación floral, retiro de escombros y presuntos ilícitos con la empresa “González Fierro”, informó El Mercurio.  

El abogado querellante, Luis Cuello Peña y Lillo señaló que: “la querella nos pone en la posición de ser parte de todo el proceso y de pedir diligencias al Ministerio Público. Pedimos que se disponga una orden amplia de investigar a la PDI y que se tome declaración al administrador municipal Claudio Boisier, que en el diario dijo que tiene conocimientos de lo inadecuado que había sido el procedimiento de pago del arreglo del Reloj de Flores”.

Cuello explicó que la condena por este delito, en función del monto asignado, sería de 3 años y 1 día hasta 10 años, además, de la prohibición de ejercer cargos públicos.

Tanto López como el abogado señalaron, por último, que esperan que la querella – que, hasta ahora, sólo ha sido firmada por Sedamar Oriente y el Centro Cultural Luchín de Nueva Aurora – motive a más organizaciones a dar a conocer casos como este.