Tras una investigación periodística que reveló eventuales irregularidades y gastos discrecionales en el uso de recursos recibidos vía gastos reservados por Carabineros de Chile, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, afirmó que “no es posible tolerar ni seguir avalando hoy en día mecanismos de control insuficientes con este gasto público que abren la puerta a faltas a la probidad”. “Estos gastos hay que utilizarlos en temas específicos no de una  forma regular ni como suplemento a la remuneración”, espetó Drago.

Los antecedentes difundidos la noche del jueves 24 de enero apuntan a la entrega periódica de sobres con dinero en efectivo a integrantes del alto mando de la policía uniformada desde 2008 y hasta la actualidad. Una práctica que se habría mantenido mientras ocupaban el cargo de director general José Bernales y Bruno Villalobos.

“La ciudadanía demanda mayor transparencia en el uso del gasto público y en la rendición de cuentas, por eso necesitamos mayores controles sobre el uso de los gastos reservados y reducción de su discrecionalidad, aumentando controles políticos y de órganos como la Contraloría General de la República”, dijo el titular de Transparencia.

El representante del CPLT planteó también la necesidad de “fortalecer el proyecto de ley actualmente en tramitación, sobre información y rendición de cuentas en materia de gastos reservados”. Esta iniciativa fue ingresada a principios de enero de 2019 por el Ejecutivo y persigue regular la rendición de cuentas de los gastos reservados que presentan ciertas instancias y reparticiones del área pública.

En esta línea aparecen entre las propuestas planteadas por el Consejo: el fortalecimiento de la gestión documental que permita dejar constancia -con carácter reservado- de las operaciones que se realicen; el establecimiento de un plazo máximo para la prohibición de divulgar este tipo de información; la entrega de antecedentes públicos sobre las características generales y alcance de los gastos y los responsables de su utilización; y la obligación para todo el alto mando de efectuar una declaración de intereses y patrimonio en el caso de hacer uso de los recursos.

Otra arista planteada por el CPLT es la necesidad de una correcta definición y uso del carácter de secreto de los gastos de recursos públicos. “Como Consejo creemos que este tipo de gasto secreto se justifica en tanto cumplen con el resguardo de la seguridad pública -como la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo-, o la seguridad de la nación y el interés nacional. Sin embargo, esta herramienta debe contemplar resguardos que impidan actos de corrupción”.

Drago enfatizó en que este tipo de prácticas no se han visto en organismos del Estado que están sujetos a normas de transparencia al actuar preventivamente: “Las instituciones con mayor trasparencia y control tienen menos espacio para la corrupción, porque son medidas que actúan de manera preventiva y como disuasivo”.

Con respecto a la denuncia, el titular de Transparencia refirió a la necesidad de que la policía uniformada enfrente este tipo de situaciones con una visión renovada, subrayando el rol de su máxima autoridad. “Aquí hay una oportunidad de Carabineros de elevar sus estándares de transparencia, dar señales a la ciudadanía de probidad y establecer nuevos requisitos y obligaciones de transparencia y control de gastos reservados y otras materias más para la institución pero más para el alto mando”.

Entre las medidas mencionó: incluir a estos integrantes de la policía en el conjunto de autoridades obligadas a realizar declaración de intereses y patrimonio y difundirlas, someterse a la Ley del Lobby, mejorar el control del uso de los gastos reservados y rendición de cuentas específicas sobre este tipo de recursos.

Finalmente, Drago espetó que las propuestas lanzadas por el CPLT son medidas que pueden “tomarse ahora ya para abordar la situación que vive la institución de Carabineros y, en definitiva, empezar a ordenar la casa nuevamente”.

Regulados sólo desde 2003

La regulación de los gastos reservados se remonta sólo al año 2003, con la dictación de la Ley N° 19.863, sobre remuneraciones de autoridades de gobierno y cargos críticos de la Administración Pública y da normas sobre gastos reservados.

La normativa surge de las iniciativas propuestas en el marco del “Acuerdo para la Modernización del Estado”, destinadas a establecer mejores estándares de eficacia, probidad y transparencia en la Administración Pública.

Previo a la dictación de la mencionada ley, el uso de gastos reservados asignados a algunos ministerios eran destinados al suplemento de remuneraciones de funcionarios públicos, a financiar campañas políticas, y otros fines ajenos al ejercicio de la función pública.