Un oficio de respuesta por parte de la Dirección de Aeronáutica Civil recibió el diputado RN Andrés Celis. ¿La razón? Detallar el costo que significa para el erario nacional y las operaciones aéreas, el cambio de nombre del Aeropuerto “Arturo Merino Benítez” por el de “Pablo Neruda”, tras la iniciativa legal que se está discutiendo en el parlamento.

El oficio detalla una serie de puntos que implicarían no solo un costo monetario, sino que “el reemplazo de normativa, tramitación de decretos supremos, el cambio de todos los planes de emergencia, seguridad y procedimientos locales que se materializan en el aeropuerto entre otros. Paralelamente, compromete la actualización de documentación operacional y reemplazo de toda la señalética vertical”.

“El costo actual, asciende a $ 572.635.464. La totalidad de las empresas aéreas, tanto nacionales como internacionales, junto a los centros de mantenimiento aeronáutico que actualmente operan en este aeropuerto, deberían también actualizar sus manuales de operación y toda la documentación relacionada, ya que en ellos normalmente se consignan las bases de operación y su ubicación”, agrega el documento.

Además, el cambio de nombre también afectaría a “los prestadores de servicios en los rubros de apoyo directo a las aeronaves, tales como: alimentación, aseo, combustible, tratado, bodegaje, etc., que también deberían actualizar toda su documentación operacional”.

Tras este análisis, el diputado Andrés Celis informó que “pedí que el proyecto sea declarado inadmisible por la Cámara de Diputados ya que implica un alto gasto para todos los chilenos por un simple gustito ideológico, lo que resulta impresentable. Más de $570 millones destinados en un cambio de nombre, suena a olvidar las reales prioridades de nuestro país”.

El parlamentario, miembro de la Comisión de Cultura, Artes y Patrimonio ( y que votó en contra cuando este proyecto fue evaluado en esa instancia), explicó que “en la Constitución Política queda claro que las iniciativas que afecten o impliquen carga fiscal o recursos públicos son exclusivas del ejecutivo, es decir,  si el cambio de nombre del Aeropuerto implica gastos, sólo podría haber sido iniciado como proyecto de ley, mediante un mensaje presidencial”.