Desde el oficialismo aseguran que la aprobación del texto con la instrucción, que ya fue visada en la Comisión de Derechos Humanos, tendría un impacto significativo en el aumento de turistas optando a una fuente laboral en el país, así como también en el costo total de la ley (pasando de 2.415 millones de pesos a 171.415 millones).

Según la proyección de La Moneda, plasmada en una minuta elaborada por el Ministerio del Interior, en un escenario base serían 980 mil posibles inmigrantes favorecidos, y potencialmente hasta dos millones de extranjeros en un periodo de 45 meses, hasta diciembre del año 2021.

Además, apuntan que la indicación es similar a la «visa temporaria por motivos temporales», a la que acusan del desorden migratorio de la Administración de Michelle Bachelet.

Acusan «distorsión laboral»

Tras reunirse en La Moneda con el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, donde los parlamentarios recibieron la minuta, el diputado Patricio Melero (UDI), aseguró que la indicación es «un atentado contra la búsqueda de una política que genere una migración ordenada, regulada y segura».

«Es alentar», dijo Melero, «a miles de extranjeros a que vengan a Chile a buscar trabajo sin condición previa alguna».

Según el diputado UDI, los extranjeros «vendrían a Chile a competirle, a nuestro juicio, sin condición y sin regulación alguna, a chilenos que buscan trabajo y, especialmente, a las mujeres», creando una «distorsión laboral».

«Campaña del terror»

En tanto, desde la oposición, los parlamentarios no descartan rechazar las partes principales o puntos claves del proyecto.

La autora de la indicación, la diputada Hertz, señaló que el Ejecutivo no está hablando con la verdad: «Resulta inaceptable la campaña del terror montada por el Gobierno, en que presentan a los inmigrantes como chivos expiatorios de sus errores de gestión y de todos los desaciertos cometidos hasta el día de hoy», apuntó.

«La indicación aprobada tiene por objeto, precisamente, al crear la subcategoría de extranjeros con expectativa laboral’, regular y ordenar el flujo migratorio», explicó la legisladora.