Tras conseguir, en abril pasado, la primera condena en el país por los delitos de usura y asociación ilícita para la usura en contra de 15 imputados de nacionalidad colombiana que integraban una red de préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”, la Unidad de Apoyo a Alta Complejidad de la Fiscalía de Arica logró condenar a otros tres miembros de esta organización, que operaba en varias partes del país.

El fallo se dio en el marco de un juicio abreviado en que dos ciudadanos colombianos y un peruano debieron reconocer los hechos de la investigación. Así, fueron condenados como autores de los delitos de usura (en grado de reiterado) y asociación ilícita para la usura y captación ilegal de dinero a 541 días de pena remitida y expulsión definitiva del país, la que debe concretarse una vez cumplida la pena sustitutiva de remisión condicional.

“Estamos hablando de delitos de carácter transnacional que han sido importados desde otros países. Por lo mismo, este ilícito está dentro de la categoría de crimen organizado que es lo que persigue la macrozona norte de la Fiscalía, en el sentido de investigar una serie de delitos de especial gravedad y en el que hay una planificación y organización jerarquizada”, expresó la Fiscal Regional de Arica y Parinacota, Javiera López.

Investigación

La investigación desarrollada por la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota junto a la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI permitió desarticular en noviembre de 2017 esta red internacional dedicada a facilitar dinero cobrando intereses que superan el máximo legal, además de otros delitos.

La indagatoria finalizó en ese periodo con la detención de 22 personas, además de la incautación de dinero en efectivo y documentación.Se pudo determinar que la organización era liderada por dos sujetos y que además estaba conformada por personas que cumplían la función de socios supervisores, quienes autorizaban o rechazaban los préstamos ilegales y que controlaban grupos de menor jerarquía, integrado por imputados que ejercían el rol de captadores y cobradores diarios. A ellos se suma un ciudadano chileno que prestaba apoyo logístico y elaboraba contratos de trabajo falsos a los extranjeros para regularizar su situación migratoria en el país.

El trabajo investigativo de la Fiscalía y la PDI detectó también que la red había implementado una aplicación en los teléfonos celulares de los cobradores, a fin de controlar sus recorridos y procesos de cobranza, además de una base de datos con todos los deudores.

En el marco de la diligencias se informó que la red realizó giros al extranjero (Colombia y Brasil) por un monto total de 77 millones de pesos y 5 mil 300 dólares, además de otorgar cerca de 500 préstamos, cuyos montos eran entre 100 mil hasta los 3 millones de pesos, debiendo cancelar en un plazo máximo de 30 días mediante cuotas diarias.