Una jornada histórica para las familias homoparentales de las Américas se vivió hoy en Washington donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró su Primera Audiencia Pública sobre el Matrimonio Igualitario, tras una petición coordinada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) en alianza con otros 6 grupos LGBTI del continente.

La audiencia fue encabezada por la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, quien respondió favorablemente a la petición de los colectivos LGBTI para que se inste a los Estados a aprobar el matrimonio igualitario y para que se exija particularmente a Chile cumplir sus compromisos internacionales sobre la materia.

“Hay una sola raza en el mundo y es la raza humana. Y todos los seres humanos deben tener los mismos derechos. Es un asunto fácil, pero el sentido común no es muy común. Lógicamente todas las parejas tienen el derecho a casarse”, dijo la presidenta de la CIDH tras escuchar a los abogados Ciro Colombara, Carter Hunter y a los activistas LGBTI de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y México.

Añadió que las personas LGBTI “tienen derecho a gozar de todos los derechos que tienen otros seres humanos. Es su dignidad. Haremos todos los esfuerzos posibles para alentar a los Estados  a que avancen en el matrimonio igualitario”.

Su opinión fue compartida por la relatora sobre los derechos de las personas LGBTI, Flávia Piovesan. “Es muy importante tener acercamiento sobre las formas de lucha de la región. La relatoría comparte que el principio de la igualdad es fundamental para los derechos humanos. Sobre el matrimonio igualitario estamos con ustedes y vamos a evaluar los pasos más adecuados a seguir”, dijo.

 Junto a  May Macaulay, Piovesan, estuvieron la primer vicepresidenta  de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, la secretaria adjunta, María Claudia Pulido y la relatora Soledad García Muñoz, quienes también apoyaron la demanda de los movimientos LGBTI.

En concreto se planteó  una petición general de todos los grupos y dos específicas para Chile y México. En el primer caso se solicitó a la CIDH la implementación de medidas o mecanismos para que los Estados efectivamente cumplan con la Opinión Consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 24 de noviembre del 2017.

En dicho texto, la Corte pidió a todos los Estados parte de la OEA que “garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación”^.

Por otro lado, se solicitó que se pida al Estado de Chile cumplir con el compromiso de impulsar el matrimonio igualitario que asumió en un Acuerdo de Solución Amistosa firmado en 2016. En ese acuerdo, declarado legal y vinculante por la Contraloría General de la República, el Estado chileno se comprometió a impulsar el matrimonio igualitario.

En relación a México, se solicitó a la CIDH que acoja una denuncia presentada en mayo del 2014 contra ese país por prohibir el matrimonio igualitario.